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Ecuador celebra el primer año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Por ello, el medio Teleamazonas ha preguntado a nuestro asociado senior Rafael Serrano sobre el reglamento de la misma.

Según explica Serrano, también vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), «la Ley de Protección de Datos se publicó el 26 de mayo de 2021, y entró en vigencia en ese momento, solo que dejó dos años para que el régimen sancionatorio entre en vigencia. Dos años de latencia, podríamos decir. En este periodo lo que se buscaba es que tanto el sector privado como el público desarrollen sus capacidades para adaptarse a la Ley, ya que esto implica un proceso de cambios culturales».

Nuestro asociado añade también que «se crea la Ley y se crea una nueva entidad, que es la Superintendencia de la Protección de Datos. El Consejo de Participación ciudadana ha aprobado el reglamento del concurso para la designación de la del Superintendente de Datos Personales. Adicionalmente, ya se encuentran designados los veedores para el mencionado concurso. El ejecutivo debe enviar la terna correspondiente para nombrar a la autoridad».

En la noticia se explica la falta de adaptación por parte del sector público y del sector privado a la Ley de Protección de Datos. Esto será un problema ya que la aplicación del régimen sancionatorio iniciará en un año y tanto el sector público como el sector privado requerirán de varias acciones para estar en cumplimiento.

«Esto es una regulación tanto al sector privado como al sector público, que también va a tener que adaptarse y comenzar a prepararse en lo establecido en la Ley. La falta de una autoridad hace que haya bastante incertidumbre sobre qué va a pasar», confirma Serrano.

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En Ecuador el alza del precio del petróleo lleva a que los ingresos de recursos al Estado ecuatoriano se mantengan en términos positivos. El medio Teleamazonas pregunta sobre esto a nuestro asociado senior, Rafael Serrano, abogado experto en temas de Energía, que considera que la tendencia del precio internacional del petróleo se mantendrá. Por ello, cree importante considerar otros costos.

Actualmente, el precio del barril de crudo continúa por encima de los USD 100. Según el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, esto no significa que todo sean ingresos para el país, “porque el incremento del precio del petróleo significa, en paralelo, el incremento del precio de los combustibles y lo que se requiere para importar combustibles, sean estos gasolina o diésel, es una mayor cantidad de recursos”.

Rafael Serrano, al ser preguntado por este asunto, responde que “esto para el país, obviamente, va a generar mayores beneficios, mayores ingresos, porque se tenía presupuestado un valor menor, pero también tenemos que considerar el aumento de los costos de la producción en muchos temas: los costos de transporte, entre otros, lo cual va a encarecer ciertos productos”.

Como consecuencia de lo citado, el Gobierno tiene previsto, entre sus proyectos futuros, un proceso de delegación al sector privado de la Refinería de Esmeraldas. Esto está orientado a reducir la cantidad de residuos y producir combustibles de grado Euro 5. Para esto, la opinión de nuestro experto se basa en que “buscar en la ayuda del sector privado a través de alianzas público-privadas” es, según su opinión, “un muy buen mecanismo para lograr desarrollar la Refinería de Esmeraldas y ver alternativas que se puedan desarrollar dentro del país para lograr producir estos derivados acá en el Ecuador y así lograr que estos sean más baratos”.

Se espera, también, un mayor aprovechamiento de gas asociado para su uso en generación eléctrica y en la industria, “más limpio y con un costo bastante menor”, añade el ministro.

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El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI en adelante) en el Ecuador es noticia por la mala decisión tomada a la hora de registrar una marca. Nuestra asociada Katherine González ha escrito sobre este caso concreto para el medio WTR, artículo que resumimos a continuación.

El pasado 10 de junio de 2020, la empresa Quirovara Tax Company SA solicitó el registro de la marca (y logotipo) DON BENJA para dos de sus productos concretamente: plátanos y ‘musaceaes’. Por otro lado se encuentra la compañía Arbelaez Valencia Hermanos Coffee Roaster Mejía SA, que presentó oposición andina con base a la marca DON BENJA, que protege los siguientes productos suyos de la clase 31 también: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas naturales de plantas y flores, alimentos para animales, y malta. 

En noviembre, el SENADI comenzó su estudio de registrabilidad inusual, rechazó la oposición andina y concedió, bajo la sorpresa de todos, el registro de la marca DON BENJA, junto a su logotipo, para productos de la clase 31 a favor de la compañía Quirovara. En la resolución publicada, desde el SENADI:

• Se aceptaba que las marcas eran similares y que ambas protegían los mismos productos
• Se afirmaba que, actuando de oficio y en contra del Derecho Andino aplicable, se revisó una página web y se utilizó la información para determinar la principal actividad económica de la compañía oponente, ignorando los productos enumerados en el certificado de registro, que fue la base de la oposición
• Se acusaba al oponente de intentar extender, arbitrariamente, la protección de su marca en relación con su actividad comercial, de nuevo ignorando el fundamento de la oposición y la protección otorgada por la marca, tal y como indica González en su artículo.

Para este caso en concreto, es importante conocer que el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en relación con la registrabilidad de las marcas, establece que:

«Aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de un tercero no podrán ser registrados como marcas, en particular cuando:

• Sean idénticos o similares a una marca previamente solicitada para su registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos de servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación (…)»

Resolución definitiva del SENADI

«El 8 de diciembre de 2021, el SENADI emitió una actuación de oficio por no haberse realizado un adecuado cortejo de marcas, y solicitó a la máximo autoridad administrativa, a través de un procedimiento de revisión de oficio, que decidiera si la marca solicitad debe ser concedida. Esta solicitud implica que se les negó a las partes el derecho de apelación, ya que la autoridad de apelación ya habría emitido una decisión», afirma González.

Siete días después, el SENADI decide anular la actuación de la oficina por considerar que contravenía el artículo 76 de la Constitución. Pasado un día, el 16 de diciembre de 2021, mediante Resolución No SENADI-2021-RS-14973, acepta también la cancelación voluntaria de la marca DON BENJA por parte de Quirovara. 

Sorprende esta situación, ya que, como indica nuestra asociada, «normalmente el proceso de cancelación voluntaria tarda entre seis y 12 meses. Sin embargo, en este caso, esta solicitud fue presentada y aceptada en 24 horas». Además, añade que «llama la atención que el agente que archivó la marca en disputa fue el director del SENADI que resolvió el asunto, quien inmediatamente dimitió tras hacerse pública la resolución».

Conclusión

Para González, este caso no es más que un manifiesto de la necesidad que hay por parte del SENADI de:

• Capacitar a sus funcionarios para que las acciones se realicen de acuerdo a la normativa nacional y andina
• Aplicar la norma legal que exige la tramitación de los casos en orden cronológico de manera estricta
• Luchar contra la corrupción

«Si se aplican estas recomendaciones, se espera que el impacto negativo sobre los usuarios disminuya considerablemente, la calidad de las decisiones del SENADI mejore y su reputación se recupere», concluye.

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El nuevo artículo publicado por LexLatin, donde se puede leer la entrevista realizada a Andrea Moya, nuestra socia y líder del área tributaria de la firma, trata sobre las inversiones en Ecuador: implicaciones de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.

Objetivo de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal

Moya explica que el objetivo principal de esta Ley, que es el único proyecto de la administración de Lasso que está vigente, es dotar al Estado de recursos adicionales con los que poder reducir el déficit fiscal y ordenar las finanzas públicas. Añade que «se establecieron impuestos temporales al patrimonio, se creó un régimen impositivo para regularizar activos en el exterior, se incrementó el impuesto a la renta que afectará a las personas de más alto ingreso (…) y se simplificaron ciertos elementos del mismo impuesto. Entre dichos elementos se incluye la eliminación de incentivos tributarios para inversiones en industrias básicas, sectores priorizados y alianzas público-privadas que habían sido creados en años anteriores».

¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, considerando que aún debemos lidiar con la pandemia?

Nuestra socia responde a esta pregunta poniendo especial énfasis en que «es importante distinguir los objetos de mediano y largo plazo que se propone la Ley, como el ordenamiento de finanzas públicas frente a asuntos de coyuntura como la pandemia». A eso añade que nuestro país, durante la pandemia, ha tenido abiertas las fronteras al comercio; esto, sumado a la eliminación de «los grandes déficits fiscales que ha soportado el país durante varios años y que han resultado un crecimiento peligroso del endeudamiento público, interno y externo, se espera que se dinamice la economía con la creación de empleo de calidad, que es la mayor necesidad del Ecuador».

¿Cuáles son los principales cambios regulatorios en materia aduanera y comercio exterior que se aplican con esta Ley?

Para Moya, la clave está en la exclusión del valor del flete para el cálculo de los derechos arancelarios. Esto se llevó a cabo para reducir su impacto en el costo de las mercaderías importadas y conseguir frenar el efecto del significativo aumento de los fletes en el mercado mundial. Además, esta Ley, «incluye reformas para reducir los tiempos de procesos administrativos a cargo de la Autoridad Aduanera, implementar sistemas tecnológicos para el control aduanero y la realización de consultas anticipadas para otorgar seguridad al importador sobre el tratamiento que se dará a la mercancía».

En este mismo ámbito, el Gobierno está negociando varios acuerdos comerciales con el objetivo de facilitar el acceso de las exportaciones a los mercados internacionales. 

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Eduardo Ríos y Miguel Maigualema, asociados de CorralRosales y especialistas en Propiedad Intelectual, han participado en la publicación «La Propiedad Industrial y el Derecho de Autor en Iberoamérica», publicada por la Universidad Hemisferios, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Universidad Internacional del Ecuador, Colegio de Abogados Rosaristas, Universidad del Rosario, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI) y ASIPI.

Entre los dos abogados, han escrito un capítulo completo sobre las «Respuestas legales a infracciones de Derechos de Propiedad Intelectual en el Ecuador». A lo largo del escrito, tanto Ríos como Maigualema, hacen una pequeña introducción y después escriben, detalladamente, sobre los siguientes temas:

1. La existencia del Derecho
2. La acción de infracción en la Comunidad Andina
3. Tipos de acciones para enfrentar el uso indebido de Derechos Marcarios
4. Acercamiento amistoso en materia de Propiedad Intelectual
5. La mediación, como mecanismo de solución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual
6. Acción administrativa por violación de Derechos de Propiedad Intelectual
7. Acciones civiles por violación de Derechos de Propiedad Intelectual
8. La tipificación penal en el ámbito de Propiedad Intelectual
9. Conclusión

Los expertos buscan, con esta oportunidad ofrecida, explicar de forma sencilla y directa los elementos y circunstancias que un titular de Derechos de Propiedad Intelectual y sus asesores deben conocer y tener en consideración para enfrentar el uso indebido de los mismos. Así, podrán determinar las acciones a seguir y que la Ley permite, «individualizando las condiciones de los infractores», tal y como indican en su introducción.

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