LexLatin – Ya es posible cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador

DETALLES

FECHA: 20-08-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Katherine González

MEDIO: Lex Latin

El medio de comunicación LexLatin publica un artículo de nuestra asociada Katherine González detallando la modificación acerca de la posibilidad de cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador. Antes, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (también conocido como SENADI) no tramitaba este tipo de solicitudes de cancelación ya que «la autoridad consideraba que los derechos se adquirían con su uso».

Tras haber estudiado la posibilidad de llevarlo a cabo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que se podrán cancelar nombres comerciales si han dejado de utilizarse en determinado momento y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Antes de haber sido publicada esta nueva sentencia, si solicitabas una marca similar a un nombre comercial registrado pero en desuso, el titular de dicha marca debía oponerse a este hecho; igualmente, habiendo presentado oposición o no, se consideraba la negativa de marca por la similitud a una ya registrada y, por tanto, no había opción de inscribir esta nueva marca.

Según explica nuestra asociada, antes de realizar ninguna acción hay que tener en cuenta «que los nombres comerciales son independientes de la razón social o determinación de las empresas y pueden ser iguales o diferentes».

“Una de las soluciones previstas por los usuarios, para contrarrestar este tipo de inconvenientes, fue la presentación de acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Para estos asuntos el SENADI no había mantenido un criterio uniforme, en la mayoría de los casos estas acciones eran inadmitidas por considerar que el registro de un nombre comercial pierde su validez y efectividad tan pronto cesa el uso, por lo tanto, la cancelación no era jurídicamente procedente”, adelanta González.

Ahora, los criterios han cambiado y se podrán cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador.

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Inconstitucionalidad del anticipo de impuesto a la renta

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Mediante Dictamen 3-20EE/20A emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 10 de agosto de 2020 se resolvió emitir dictamen desfavorable respecto del Decreto Ejecutivo 1109 emitido por el Presidente de la República el 27 de julio de 2020 y declarar su inconstitucionalidad.

El Decreto Ejecutivo 1109 ordenaba la recaudación anticipada de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020. En consecuencia, los contribuyentes ya no están obligados al pago de dicho anticipo, y si lo hubiesen pagado pueden utilizarlo como crédito tributario del impuesto a la renta o reclamar su devolución.

 

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NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

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Normas para la recaudación del anticipo de impuesto a la renta

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La Resolución NAC-DGERCGC20-00000051 emitida por la Directora General del Servicio de Rentas Internas y publicada en el Registro Oficial 854 el 5 de agosto de 2020 estableció las normas para la recaudación anticipada de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020 ordenada mediante Decreto Ejecutivo 1109.

1. Sujetos pasivos obligados al pago del anticipo:

Están obligados al pago del anticipo, las personas naturales y sociedades, incluidas las sucursales y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes que:

  1. Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto aquellos provenientes del trabajo en relación de dependencia;
  2. El total de ingresos registrados en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019, sea igual o superior a US $5.000.000,00; y,
  3. Hayan obtenido utilidad contable durante el período de enero a junio de 2020, excluyendo para el caso de personas naturales, los ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia..

2. Sujetos pasivos no obligados al pago del anticipo:

No están obligados al pago del anticipo los siguientes sujetos pasivos:
  • Las micro, pequeñas o medianas empresas.
  • Los sujetos pasivos cuyos ingresos del año 2020 estén exentos del pago del impuesto a la renta.
  • Los sujetos pasivos que tengas su domicilio tributario principal en la provincia de Galápagos.
  • Los exportadores habituales de bienes, o que el 50% de sus ingresos corresponda a actividades de exportación de bienes; o,
  • Los sujetos pasivos que tengan como actividad económica:
    • La operación de líneas aéreas.
    • La prestación de servicios turísticos de alojamiento y/o comidas.
    • Actividades del sector agrícola.
    • Actividades del sector acuícola.

3. Monto del anticipo:

Para calcular el anticipo se aplicará la siguiente fórmula:

    IR = (85% de la UC * 25%) – RFIR20

Donde:

IR = Anticipo de impuesto a la renta.

UC = Utilidad contable, antes de la participación de trabajadores en las utilidades, obtenida del resultado de las operaciones efectuadas del 1 de enero al 30 junio de 2020, de acuerdo con los estados financieros y conforme la normativa contable y financiera correspondiente.

RFIR20 = Retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le hayan efectuado al contribuyente del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y que puedan ser utilizadas como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta.

Para el cálculo del anticipo, el sujeto pasivo deberá elaborar los respectivos estados financieros con corte al 30 de junio de 2020.

4. Liquidación y pago del anticipo:

La liquidación y declaración del anticipo se efectuará a través del Formulario de Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta (formulario 115).

Los sujetos pasivos cuyos ingresos gravados correspondientes al ejercicio fiscal 2019 sean superiores a US$5.000.000,00, deberán presentar la declaración hasta el 14 de agosto de 2020, incluso cuando no generen valores a pagar o cuando la totalidad de sus ingresos correspondientes al año 2020 se consideren exentos del pago de impuesto a la renta.

Si el sujeto pasivo presenta la declaración una vez vencido el plazo, deberá pagar una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso. La multa se calculará sobre el total del anticipo a pagar; y, si no se determina anticipo a pagar, la multa se calculará sobre la utilidad contable.

El pago del anticipo se podrá cancelar junto con la declaración, ya sea en un solo pago o en tres cuotas de la siguiente manera:

  • La primera cuota el 14 de agosto de 2020;
  • La segunda cuota hasta el 14 de septiembre de 2020; y,
  • La tercera cuota hasta el 14 de octubre de 2020.

Si el pago se realiza luego de fenecidos estos plazos, se generarán intereses.

5. Crédito tributario:

El anticipo constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Si el valor del anticipo es mayor al impuesto a la renta causado, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de lo pagado en exceso o podrá utilizarlo como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta de los tres ejercicios fiscales siguientes.

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Reformas a la codificación de resoluciones del SERCOP

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Mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 publicada en el Registro Oficial de 29 de julio de 2020, se reformó la Codificación de Resoluciones emitidas por el SERCOP.
Las principales reformas son:
  1. En las especificaciones técnicas o términos de referencia, estudios de mercado y en proformas o cotizaciones, se deberá desglosar y enumerar cada obra, bien o servicios que conforman el objeto contractual.
  2. Se establece como obligación para las entidades públicas y proveedores la suscripción de documentos relevantes de la fase precontractual, contractual y de ejecución mediante firma electrónica; y su validación se hará a través del sistema oficial FirmaEC. Adicionalmente los proveedores deberán poseer el certificado vigente de firma electrónica expedido por una de las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados, autorizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esta obligación será exigible en el plazo de 90 días a partir del 29 de julio de 2020.
  3. Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos dentro del Clasificador Central de Productos, CPC, guarden relación directa con su actividad económica registrada en el RUC, así como con su objeto social estatutario. En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas, deberán justificar documentadamente su actividad comercial. Si los documentos se hallan en idioma extranjero deberá presentarse también la traducción al español.
    Para el caso de asociaciones y consorcios, todos los partícipes deberán estar habilitados en los códigos CPC objeto del procedimiento. Si hubiese objetos contractuales que se componen de diversos códigos CPC, para cada código deberá haber al menos un partícipe habilitado para dicho código. No se permitirá que un partícipe intervenga en la ejecución de un código CPC que no corresponda a su actividad u objeto social.
    Para el caso de nuevos proveedores registrados en el RUP y solicitudes de incremento de CPC de los proveedores ya registrados, el requisito anterior será exigible en el plazo de 90 días a partir del 29 de julio de 2020.
  4. Se establece que las empresas públicas que conformen asociaciones y consorcios, participarán en igualdad de condiciones con los demás proveedores interesados, sin que, para el efecto, puedan acogerse a lo previsto en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: sin considerar el porcentaje de participación de los integrantes de la asociación o consorcio. 
  5. La resolución de adjudicación en todo procedimiento de contratación pública se emitirá en un término no menor a 3 días contados a partir de la fecha de emisión del acto administrativo que pone fin a la etapa de calificación de ofertas, puja o negociación, según corresponda. Esta resolución deberá publicarse en el portal del SERCOP en el término de 1 día.
    Si no se adjudicare el procedimiento en el término de 30 días, la entidad debe notificar al SERCOP las razones de ello.
    En caso de reclamo o denuncia al SERCOP sobre el procedimiento de contratación, o por actuación de oficio del SERCOP, la entidad contratante una vez notificada, no podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que el SERCOP decida sobre el asunto.
  6. En los procedimientos de contratación pública, salvo los de emergencia, una vez adjudicado el procedimiento, el contrato se celebrará con el oferente adjudicado luego de haber transcurrido al menos 3 días hábiles contados desde la adjudicación.
  7. Contrataciones de Emergencia: 
    • Las entidades públicas, aparte de sujetarse a la LOSNCP, deberán sujetarse a los procedimientos establecidos en las resoluciones del SERCOP.
    • La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, mediante acto administrativo motivado, realizará la calificación de proveedores verificando su capacidad jurídica económica y técnica.
    • La actividad económica u objeto social de los proveedores deberá estar relacionada con el objeto de la contratación. En caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato.
    • Se establece un procedimiento específico para la contratación en emergencia, excepto para la aplicación de fármacos, dispositivos e insumos médicos, reactivos bioquímicos o de diagnóstico y demás bienes estratégicos de salud o la prestación de servicios de salud o exequiales, que ya cuentan con un procedimiento propio.
      En este procedimiento se exigirá a los proveedores la aceptación de las condiciones de intervención y la adhesión expresa a las condiciones técnicas definidas por la entidad contratante, y se observará el menor costo. En caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato.
      La decisión de adjudicación o declaratoria de desierto corresponderá a la máxima autoridad de la entidad contratante.
    • Se prohíbe realizar procedimientos de emergencia para la adquisición de bienes y servicios que se encuentran catalogados, salvo resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante, en la que se establezca la inconveniencia de la provisión de bienes y servicios catalogados por razones de orden técnico o de oportunidad, o cualquier otra circunstancia que impida atender o superar la situación de emergencia. Resolución que estará sujeta a análisis por parte del SERCOP.

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Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo: lo que hay detrás de la operación de un vuelo

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Si preguntamos a cualquier pasajero sobre su próximo viaje, nos encontramos con que la mayoría de ellos piensan que durante el vuelo, están en manos del piloto y tendemos a pensar de la misma manera. Pues bien, la verdad radica en el hecho de que ninguna tripulación de vuelo puede operar sin un gran equipo de personas que realiza su trabajo en tierra.

Detrás de la operación de un vuelo existen proveedores de “Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo” que se los entiende como servicios técnicos especializados en el apoyo a las operaciones de transporte aéreo. La asistencia en tierra aborda muchos servicios que se requieren para la aeronave, entre el momento en que llega al terminal y el momento en que sale en su próximo vuelo. La velocidad, la eficiencia y la precisión son importantes en los servicios de asistencia en tierra para minimizar el tiempo de respuesta, esto es el tiempo durante el cual la aeronave debe permanecer estacionada en la terminal; estos servicios comprenden las siguientes actividades:

1. Despacho Operacional de Vuelo

Existe un equipo en el centro de operaciones de cada aerolínea, que vigila cada minuto del vuelo, quienes son llamados los ojos y oídos de la tripulación. Tan es así que, cuando el piloto anuncia sobre algún cambio de ruta, por condiciones meteorológicas, por ejemplo, es probable que esta decisión no haya sido tomada por el piloto en la cabina del avión, sino por el despachador de vuelo en el centro de operaciones en tierra que incluso podría estar a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra la aeronave.

Los despachadores no solo planifican el vuelo, sino que lo monitorean y están listos para proporcionar cualquier información que los pilotos requieran, en cualquier momento.

2. Servicio de Rampa

Son servicios que se proveen en la plataforma o pista del aeropuerto y se relacionan directamente con todas las actividades que se realizan con la aeronave, para ejecutar el vuelo. Entra las principales encontramos:

  • Guiar la aeronave dentro y fuera de la posición de estacionamiento, tanto al aterrizar cuando se la encamina a las mangas de pasajeros para desembarcar, como en el despegue cuando se conduce la aeronave a la pista.
  • Cargar agua para las cabinas de servicios higiénicos dentro de la aeronave y drenaje.
  • Suministrar unidades de arranque de motores.
  • Manejar carga y descarga de equipaje, generalmente por medio de cargadores de cintas y carros de equipaje.
  • Manejar carga aérea, generalmente por medio de plataformas de carga y cargadores.
  • Reabastecer combustible, que se puede hacer con un camión cisterna de reabastecimiento o una bomba de reabastecimiento.
  • Proveer potencia en tierra (de modo que los motores no necesitan estar funcionando para proporcionar potencia a la aeronave en tierra).
  • Proporcionar escaleras de pasajeros (utilizadas en lugar de un puente o escaleras aéreos. Algunas aerolíneas de bajo costo usan ambas para mejorar la velocidad de respuesta).
  • Proveer elevadores de sillas de ruedas, en caso de que los pasajeros las requieran.
  • Suministrar mulas hidráulicas (unidades que proporcionan energía hidráulica a una aeronave externamente).
  • Dotar de equipos para deshielo, que es el proceso de remover nieve, hielo o escarcha de la superficie de la aeronave mediante productos químicos que no solo descongelan, sino que protegen la superficie y ayuda a retrasar la formación de hielo durante un cierto período de tiempo, o evitan la adhesión del hielo para facilitar la extracción mecánica.

3. Servicios a los pasajeros

Estos servicios se desarrollan en la terminal aeroportuaria y comprenden desde la llegada del pasajero al aeropuerto, hasta el abordaje de la aeronave o su salida de la terminal. Entre las principales tareas encontramos:

  • Proporcionar servicios de mostrador para el registro y facturación (check-in) de cada pasajero previo al embarque del vuelo.
  • Proporcionar asistencia a los pasajeros a la llegada y salida en la puerta de embarque.
  • Dotar de personal en los mostradores de transferencia y de servicio al cliente.

4. Servicio de Catering

Consiste en la carga y descarga de alimentos y bebidas que se servirán durante el vuelo tanto para pasajeros como para la tripulación.  El servicio no se limita a preparar comida, sino que deben cumplir con estándares de sanidad, formas adecuadas de empaque, así como el manejo de los desechos. Este servicio debe asegurar, en lo posible, minimizar actividades de preparación en el aire, limitándose a calentarla cuando fuere necesario.

5. Limpieza y desinfección de aeronaves

El primer paso es la limpieza exterior de la aeronave, el fuselaje. Se tiene cuidado en áreas como las hélices, frenos y los alrededores de los cargadores eléctricos, para asegurar que no existan elementos que ocasionen estática. Mientras se ejecuta la limpieza exterior, se realizan trabajos en cabina, tanto de limpieza como de desinfección. Para esto, existen normas internacionales que deben ser acatadas y que se actualizan constantemente.

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las aerolíneas subcontratan estos servicios auxiliares y sus proveedores generalmente, son los mismos aeropuertos, agentes de asistencia debidamente calificados por la autoridad aeronáutica de cada país o incluso otra aerolínea.  Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se estima que las aerolíneas subcontratan más del 50% de servicios de asistencia en tierra para cumplir con sus operaciones en los aeropuertos alrededor del mundo.

Por tanto, el cumplimiento de la normativa local y excelencia en la provisión de estos servicios hacen que las aerolíneas prefieran subcontratarlos, lo que permite que las operaciones se realicen de manera rápida y eficaz, todo esto para traducir esta eficiencia en mayor seguridad de las operaciones y, por supuesto, optimización y mejores ganancias.

Verónica Olivo
Asociada en CorralRosales
volivo@corralrosales.com

Pago anticipado de impuesto a la renta

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Mediante Decreto Ejecutivo 1109 de 27 de julio de 2020, el Presidente de la República dispuso la recaudación anticipada de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, para financiar los gastos asociados a la emergencia sanitaria.

Están obligados al pago del anticipo las personas naturales, sociedades y establecimientos permanentes que:

  1. Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto aquellos provenientes del trabajo en relación de dependencia;
  2. En el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a US$5.000.000,00; y,
  3. Hayan obtenido utilidad contable durante el período de enero a junio de 2020, excluyendo los ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia.

Los sujetos pasivos que no cumplan con las tres condiciones podrán realizar el pago anticipado de manera voluntaria.

No están obligados al pago del anticipo los siguientes sujetos pasivos:

  • Micro, pequeñas o medianas empresas;
  • Cuya totalidad de ingresos del ejercicio fiscal 2020 esté exenta del pago de impuesto a la renta;
  • Tengan como domicilio tributario principal, la provincia de Galápagos.
  • Sean exportadores habituales de bienes, o que el 50% de sus ingresos corresponda a actividades de exportación de bienes; o,
  • Quienes tengan como actividad económica:
    • La operación de líneas aéreas.
    • La prestación de servicios turísticos  de alojamiento y/o comidas.
    • Actividades del sector agrícola.
    • Actividades del sector acuícola.

Para calcular el anticipo se aplicará la siguiente fórmula:

IR = (85% de la UC * 25%) – RFIR20

Donde:

IR = Anticipo de impuesto a la renta.

UC = Utilidad contable que se deriva del resultado de las operaciones efectuadas del 1 de enero al 30 junio de 2020, de acuerdo con los estados financieros y conforme la normativa contable y financiera correspondiente.

RFIR20 = Retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le hayan efectuado al contribuyente del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y que puedan ser utilizadas como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta.

Los contribuyentes pueden pagar un valor superior al que resulte de la fórmula. Así mismo, si el contribuyente hubiese hecho pagos voluntarios de anticipo de impuesto a la renta previo a la vigencia del decreto, estos pagos serán imputables al valor del anticipo.

El contribuyente puede pagar el valor total del anticipo hasta el 14 de agosto de 2020 o, en tres cuotas iguales hasta el 14 de los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2020. El pago tardío generará el pago de intereses y multas.

El anticipo constituirá crédito tributario para el pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

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NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

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TAG Alliances – Directrices para la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario

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DETALLES

FECHA: 21-07-2020

MEDIO: TAG Alliances

La alianza de firmas de servicios profesionales TAG Alliances, a la cual pertenece CorralRosales, se ha hecho eco de nuestro boletín laboral sobre las directrices para aplicar las nuevas figuras laborales contempladas en la “Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19”, emitidas el pasado 15 de julio mediante acuerdos ministeriales.

Según el acuerdo de preservación de fuentes laborales, el empleador deberá actualizar en el SUT – módulo Ley Humanitaria – los datos del trabajador de conformidad con el acuerdo suscrito, incluyendo su vigencia. Los acuerdos podrán registrarse a partir del 31 de julio de 2020. Los empleadores que hayan firmado convenios con sus trabajadores previo a la expedición del Acuerdo 132, tendrán 15 días hábiles para registrar la información.

Otro de los acuerdos alcanzados es en el Contrato especial emergente. El empleador deberá registrar en el SUT la información del trabajador y del contrato, en el plazo de 15 días contados desde el inicio de la relación laboral. Al igual que en el anterior caso, se podrán registrar a partir del 31 de julio y tendrán 15 días hábiles para registrar la información si los empleadores firmaron convenios con sus trabajadores previo a la expedición del Acuerdo 132.

En relación con la reducción de la jornada de trabajo, ésta se podrá implementar cuando enfrente situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en los términos previsto en el Código Civil. Las condiciones y características reguladas para poder acogerse a esta reducción pasan el tiempo de reducción, el plazo, la remuneración, los aportes al IESS, los beneficios laborales, las indemnizaciones, las excepciones, el registro en el SUT y la notificación.

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En CorralRosales publicamos un portal en el que nos hacemos eco de todas las novedades legislativas aprobadas por la crisis sanitaria causada por la Covid-19, como puede ser la Ley de Apoyo Humanitario. Pulse aquí para consultarlo.

Teleamazonas – El Ministerio de Trabajo emitió los acuerdos en temas laborales

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DETALLES

FECHA: 16-07-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Edmundo Ramos

MEDIO: Teleamazonas

El canal televisivo Teleamazonas ha entrevistado a nuestro Socio Edmundo Ramos como experto en la práctica Laboral para conocer su opinión sobre los cambios laborales que empezaron a efectuarse desde el pasado mes de marzo, a raíz de la llegada de la crisis sanitaria causada por la Covid-19. Estos cambios comenzarán a implantarse después de que el Ministerio del Trabajo emitiera los acuerdos con las directrices para la aplicación de los registros de las modalidades y de la reducción de la jornada. 

«Estos acuerdos, lo que hacen es especificar cómo debe hacerse y los plazos en aquellos casos en los cuales los empleadores ya pusieron en práctica estas alternativas», explicó nuestro Socio.

Sobre las indemnizaciones, la pieza informativa aclara que de producirse el despido intempestivo del trabajador durante la reducción emergente de la jornada de trabajo, estas indemnizaciones, las bonificaciones por desahucio y demás beneficios de ley se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción.

Estas directrices se basan en lo que consta en la Ley Humantaria aprobada por la Asamblea Nacional. En un ejemplo citado en la pieza informativa se dice que el contrato emergente debidamente suscrito será registrado por el empleador en el sistema único de trabajo dentro del plazo de quince días contados a partir de su suscripción.

«En el caso de reducción de jornada permanente se establece que no se puede aplicar esa reducción si está en aplicación a este momento otra de las fórmulas de reducción que contenía la ley», añade Ramos.

Si quiere ver la pieza informativa completa, pulse aquí

Pulse aquí si quiere consultar las directrices para la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario 

Pulse aquí para consultar nuestro documento informativo sobre la Ley de Apoyo Humanitario

Ventajas de la sociedad por acciones simplificada

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La principal ventaja de la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) es su flexibilidad para adaptarse a las particularidades de cada negocio. Su proceso de formación es muy ágil y sus accionistas tienen amplia libertad para establecer las reglas de su funcionamiento en el estatuto social. De esta manera los emprendedores pueden contar con una figura legal que permite desarrollar negocios formales que se adapten enteramente a la voluntad de los socios y a las peculiaridades de los negocios.

Las pequeñas y medianas empresas serán las mayormente beneficiadas con este nuevo tipo de sociedad mercantil. Las principales ventajas son las siguientes:

  1. Constitución de la sociedad: La creación de esta sociedad no requiere de escritura pública, se constituye por documento privado, con excepción de aquellos casos en los que se aporten bienes inmuebles.
  2. Puede ser unipersonal: La sociedad puede constituirse y subsistir con un solo accionista, persona natural o jurídica.
  3. Estructura flexible del capital: No existe capital mínimo y tampoco existe un porcentaje que se deba pagar al momento de constituir la sociedad. Pero el plazo para el pago del capital no excederá de 24 meses.
  4. Objeto social múltiple: El objeto social puede ser amplio, es decir puede incluir muchas actividades sin que estén relacionadas entre ellas. Si en el acto de constitución no se precisa el objeto social, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
  5. Plazo de duración indefinido: No es obligatorio establecer un plazo de duración de la sociedad. De no hacerlo, se entiende que es por tiempo indefinido.
  6. Principio de existencia de la sociedad: La existencia de la sociedad ocurre con la inscripción del contrato o acto unilateral de creación en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. No se requiere inscribir en el Registro Mercantil, lo cual simplifica el trámite y reduce costos.
  7. Libre negociabilidad de las acciones: Las acciones son libremente negociables a menos que en el estatuto se estipule la prohibición de hacerlo. Esta prohibición no podrá durar más de 10 años.
  8. Cambio de control en la sociedad accionista: En el estatuto social se puede establecer la obligación de las sociedades accionistas de informar a la S.A.S. acerca de cualquier operación que implique un cambio de control. De producirse un cambio de control, la junta general de accionistas de la S.A.S. podrá excluir a las sociedades accionistas en las que hubiere ocurrido tal hecho.
  9. Acuerdos de accionistas con fuerza obligatoria: Los acuerdos de accionistas sobre la transferencia de acciones, la preferencia y restricciones para transferirlas o para aumentar el capital social, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, son de cumplimiento obligatorio para la S.A.S. Para el efecto tales acuerdos deben ser depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. De no hacerlo, sin afectar la validez entre las partes, dichos acuerdos no obligan a la S.A.S.
  10. La fiscalización es optativa: No es obligatoria la existencia de un órgano de fiscalización, pero el estatuto puede prever su creación.

Milton Carrera
Asociado Senior en CorralRosales
mcarrera@corralrosales.com

Directrices para la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario

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El 15 de julio, el Ministerio del Trabajo (en adelante “MdT”) mediante Acuerdos Ministeriales MDT-2020-132 y MDT-2020-133, expidió las directrices para la implementación de las nuevas figuras laborales contempladas en la “Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19”.

1. Acuerdos de preservación de fuentes laborales (Acuerdo MDT-2020-132)

El empleador deberá actualizar en el SUT – módulo Ley Humanitaria – los datos del trabajador de conformidad con el acuerdo suscrito, incluyendo su vigencia.

Los acuerdos podrán renovarse por una sola vez y por el mismo plazo por el que fueron suscritos inicialmente.

Nota: Los acuerdos podrán registrarse a partir del 31 de julio de 2020. Los empleadores que haya firmado convenios con sus trabajadores previo a la expedición del Acuerdo 132, tendrán 15 días hábiles para registrar la información en el SUT, es decir, hasta el 21 de agosto 2020.

2. Contrato especial emergente (Acuerdo MDT-2020-132)

El empleador deberá registrar en el SUT la información del trabajador y del contrato, en el plazo de 15 días contados desde el inicio de la relación laboral.

Nota: Los contratos podrán registrarse a partir del 31 de julio de 2020. Los empleadores que hayan firmado contratos especiales emergentes antes de la expedición del Acuerdo 132, tendrán 15 días hábiles para registrar la información en el SUT, es decir, hasta el 21 de agosto 2020.

3. Reducción emergente de la jornada de trabajo (Acuerdo MDT-2020-133)

El empleador podrá implementar la reducción emergente de la jornada laboral cuando enfrente situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en los términos previsto en el artículo 30 del Código Civil.

Condiciones y características

  • Reducción: El empleador podrá reducir la jornada laboral hasta en un 50%, previa autorización del Ministerio del Trabajo.
  • Plazo: Hasta por 1 año, prorrogable una sola vez por un plazo igual. Fenecida la vigencia, la remuneración del trabajador será la que percibía antes de la implementación de la medida.
  • Remuneración: No podrá ser menor al 55% de la remuneración vigente antes de la reducción y deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas.
  • Aportes al IESS: Deberá realizarse en base a la remuneración pagada.
  • Beneficios laborales: La decimotercera y cuarta remuneraciones, fondo de reserva, vacaciones y utilidades, se pagarán de manera proporcional a la jornada de trabajo y a los ingresos percibidos por el trabajador.
  • Indemnización: En caso de despido, la indemnización se calculará en base a la remuneración percibida antes de la reducción.
  • Excepciones: A los trabajadores a quienes se les redujo la jornada al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.1 del Código de Trabajo, no se les podrá aplicar esta media mientras siga vigente la reducción anterior.
  • Registro en el SUT: El empleador debe actualizar los datos del trabajador de conformidad con las nuevas condiciones laborales, incluyendo su vigencia. La falta de registro será sancionada de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo (multa de US$200), así como con lo señalado por el Mandato Constituyente 8, es decir, multas de 3 a 20 salarios básicos unificados (actualmente, de US$1.200 a US$8.000).
  • Notificación: El empleador deberá notificar al trabajador por cualquier medio la implementación de la medida y sus condiciones.

Nota: Los empleadores que haya aplicado la reducción de la jornada antes de la expedición del Acuerdo 133, tendrán 15 días hábiles para registrar la información en el SUT, es decir, hasta el 05 de agosto 2020.

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NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

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