Aula Magna – El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) rechazó de oficio el registro de una marca por considerar que fue solicitada para perpetrar un acto de mala fe

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DETALLES

FECHA: 13-05-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Katherine González

MEDIO: Aula Magna

La revista Aula Magna de la Universidad San Francisco de Quito publica un artículo de nuestra Asociada Katherine González en el que explica cómo el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) rechazó la solicitud de registro de la marca KRUSELINGS por considerar que era igual a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial. Este órgano estimó que su registro representaría mala fe ya que llevaría a engaño a los consumidores.

González contextualiza el caso explicando en el artículo que en marzo de 2019, una persona física solicitó el registro de la marca KRUSELINGS para proteger juegos, juguetes; artículo de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, o lo que es lo mismo, productos de la clase internacional 28.

«La mencionada solicitud no fue objeto de oposición por parte de terceros; sin embargo, al momento de emitir su decisión, el SENADI consideró que la marca solicitada era idéntica a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial (KRUSELINGS), por lo que la solicitud incurría en una prohibición para su registro debido al engaño que podría producir en los consumidores y estableciendo que esta clase de solicitudes son de mala fe», explica nuestra Asociada.

El SENADI explicó que, pese a no existir una solicitud o registro con el nombre de KRUSELINGS en Ecuador, se debía prohibir el registro de una marca igual a una reconocida a nivel mundial para precautelar el interés general, especialmente de los consumidores.

González afirma que esta resolución «constituye un avance en la protección de la propiedad intelectual en Ecuador, ya que anteriormente el argumento de la mala fe -al menos en el procedimiento de oposición de marcas- era desechado en la mayoría de las veces, lo que ocasionaba en muchos de los casos, el registro de signos que infringían los derechos de terceros bajo el único argumento de que la marca no estaba registrada o solicitada previamente en Ecuador.»

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Asamblea Nacional requiere al ejecutivo establecer licencias obligatorias y acceso a datos de prueba y tecnología para enfrentar el COVID-19

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Mediante Resolución del 20 de marzo de 2019, la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional (legislativo), encargada de asuntos de Propiedad Intelectual,  requirió al Ejecutivo se incluya en la declaratoria de emergencia, la adopción de mecanismos administrativos y técnicos para el establecimiento de “licencias obligatorias de patentes, acceso a datos de prueba y el acceso a demás tecnologías para la disponibilidad de vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros, y otros medios útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el Coronavirus (COVID-19)”.

Para que la oficina local de PI disponga una licencia obligatoria por emergencia, será necesario que previamente se dicte el correspondiente decreto ejecutivo (Presidencia) o acuerdo ministerial (Ministerio de Salud) en el que se detallen las razones que motivan la emergencia; la vigencia de la licencia obligatoria se mantendrá únicamente mientas duren las razones que la motivaron esta declaratoria.

La explotación de la patente la podrá realizar directamente el estado o un contratista del estado y no será obligación de la oficina de PI notificar al titular de la patente con la licencia obligatoria de manera inmediata a su adopción, ya que la ley establece que la misma se realizará “cuando sea razonablemente posible”

El titular de la patente sobre la que se ordenó la licencia obligatoria recibirá una compensación económica y podrá seguir explotándola directamente.

El Ejecutivo no se ha pronunciado respecto de este pedido hasta el momento.

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NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

CORRALROSALES

Ecuador: la problemática actual de los nombres comerciales registrados que no están en uso

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Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su uso, por lo tanto, el registro de éstos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- es únicamente declarativo. Existe actualmente una tendencia a negar los registros de marcas con base en nombres comerciales registrados, aun cuando su uso no haya sido demostrado. Este comportamiento obliga al solicitante a presentar impugnaciones administrativas o judiciales para tratar de remediar la situación.

Un nombre comercial es cualquier signo capaz de identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica. Los nombres comerciales son independientes de la razón social o denominación de las empresas. Pueden ser iguales o diferentes y en todo caso pueden coexistir.

Si bien los nombres comerciales son un tipo de signo distintivo – al igual que las marcas – presentan algunas diferencias importantes en comparación con estas últimas. Estas diferencias y su tratamiento por la Oficina de PI son las que eventualmente ocasionan inconvenientes prácticos que serán examinados en este artículo. Entre las diferencias más relevantes, están:

  • Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con el uso, así, la normativa andina y nacional expresamente señalan que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio.” Por su parte, los derechos sobre una marca se adquieren únicamente con el registro ante la Oficina de PI.
  • El registro de un nombre comercial en la Oficina de PI es solamente declarativo, ya que el derecho nace únicamente con el uso, independientemente de si está registrado o no.
  • Los derechos sobre el nombre comercial terminan una vez que cesa el uso de éste o cesen las actividades de la persona o empresa que lo usa. En contraste, los derechos sobre una marca subsistirán mientras ésta no haya caducado o haya sido anulada o cancelada.
  • Las marcas protegen productos o servicios, mientras que un nombre comercial identifica una actividad comercial.

Para la protección y defensa de los nombres comerciales, al igual que con las marcas, existe el derecho de oposición contra solicitudes de signos distintivos que, entre otras causales, sean capaces de crear confusión o asociación en los consumidores.

Según el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante, Código Ingenios), dispone: “Registro declarativo del Nombre Comercial (…) En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.” (Resaltado propio)

Por tanto, si existe un nombre comercial (registrado o no) que se encuentre en uso, su titular puede presentar oposición, caso en el cual tendrá que acreditar el uso del nombre comercial y la Oficina de PI decidirá sobre la concesión o negativa del signo solicitado.

El problema surge cuando se solicita una marca similar a un nombre comercial registrado, cuyo titular no presentó oposición, o, a pesar de haberlo hecho, no demostró el uso del nombre comercial indispensable para acreditar su derecho.

Según la base de datos del SENADI existen alrededor de 30 mil nombres comerciales registrados, los cuales, dependiendo de la vigencia del certificado, son potenciales obstáculos para el registro de una marca, aun cuando muchos de ellos no estén en uso, que es el presupuesto necesario para su validez y existencia, de conformidad con la normativa andina y nacional.

Como consecuencia de lo anterior, actualmente en Ecuador la Oficina de PI tiende a negar de oficio el registro de marcas por ser similares a nombres comerciales registrados, sin que se haya probado debidamente su uso.

El problema surge de que el SENADI acepta a trámite solicitudes de registro de nombres comerciales sin requerir pruebas de uso, así como de la no aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios”, en cuanto a la obligación de requerir pruebas de uso de nombres comerciales cuando pretenden ser invocados como fundamento para la denegatoria de un signo. Contradictoriamente, la Oficina de PI a pesar de no solicitar pruebas de uso en los dos supuestos mencionados, sí lo hace al momento de renovar el registro del nombre comercial.

Para obviar los problemas derivados de este comportamiento, será necesario que, en aplicación del artículo 416 antes transcrito, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notifique al titular del registro del nombre comercial su obligación de demostrar su uso; y, solo cuando esto ocurra, evaluar si existe base legal suficiente para impedir el registro del signo de un tercero.

En resumen: únicamente con la certeza de la existencia de los derechos sobre el nombre comercial, debería el SENADI pronunciarse sobre una oposición o una negativa de oficio. Lamentablemente esto no ocurre en la mayoría de los casos, a pesar de que la máxima Autoridad administrativa (Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales) ha expresado en reiteradas oportunidades que un nombre comercial registrado, pero sobre el cual no se ha demostrado su uso, no debe impedir el registro de una marca.

De esta manera se evitarían numerosos problemas para los usuarios, quienes se ven obligados a incurrir en gastos innecesarios y extender aún más el tiempo para obtener el registro de su marca al tratar de remediar la situación por medio de impugnaciones administrativas y judiciales, que toman años hasta su resolución.

Algunos especialistas en el área ven una solución en la posibilidad de interponer acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Sobre este tema el SENADI no ha mantenido un criterio unánime, puesto que, si bien hay casos en los cuales se han aceptado estas acciones (Resolución del 25 de agosto de 2010 trámite Nro. 08-973-AC-RR. Nombre comercial “Compacalza Leopard”), el criterio más repetido en la institución es la improcedencia de estas acciones debido a la naturaleza jurídica de éste y el carácter declarativo de su registro (por ejemplo, la resolución Nro. 121-2013-CPI-1S dictada en el trámite 07-050-AC-2S en fecha 5 de marzo de 2013 del nombre comercial “Natusal”).

Para eliminar los problemas examinados en los párrafos anteriores, el SENADI podría introducir en el reglamento de signos distintivos -en cuyo proyecto se halla trabajando- una norma que reitere la correcta aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios.”

Katherine González
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com

La Oficina de PI ecuatoriana revoca decisión problemática de primera instancia sobre el reconocimiento de términos en inglés

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El territorio de la República del Ecuador es predominantemente de habla hispana. Las lenguas amerindias también se hablan ampliamente particularmente a nivel provincial, pero su uso está disminuyendo gradualmente. A pesar del dominio del español en Ecuador, el idioma inglés está en todas partes, y se podría decir que su influencia está creciendo. Esto plantea ciertas preguntas interesantes desde la perspectiva del derecho de marcas, ya que el enfoque general de la Oficina de Propiedad Intelectual (PI) ecuatoriana es considerar los términos en idiomas extranjeros como «términos de fantasía». Es decir, los términos de idiomas extranjeros no se considerarán entendidos por el público en general, excepto en el caso de las palabras más conocidas.

La posición declarada es más compleja en la práctica cuando se considera que, debido a la invasión continua del idioma inglés en toda la región hispano-americana, generalmente aceptada como aún más marcada que en el caso del mundo ibero-hispano, la lista de palabras conocidas en inglés está creciendo y, por lo tanto, no representa un concepto fijo. Además, lo que es o no es una «palabra inglesa bien conocida» es en gran parte algo subjetivo, y tal evaluación a menudo se reduce simplemente a las experiencias personales del examinador en cuestión. También debe señalarse que los niveles de competencia en inglés varían mucho entre los ecuatorianos, lo cual da como resultado una especie de lotería en la aplicación de esta doctrina.

Un caso interesante surgió hace varios años en relación con la aplicación de DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC de su marca ANIMAL PLANET para sus conocidas series de televisión y documentales sobre animales salvajes y mascotas domésticas. Específicamente, CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., la compañía detrás de un canal de televisión nacional en Ecuador, solicitó el registro de MUNDO ANIMAL en las Clases 35, 38 y 41. DISCOVERY se opuso a las solicitudes sobre la base de sus registros ecuatorianos para ANIMAL PLANET en las clases 38 y 41.

Las oposiciones fueron rechazadas inicialmente, luego de lo cual se apelaron todos los casos. En una apelación ante el Comité de PI en la Clase 35, las autoridades se refirieron a estudios sobre la penetración del idioma inglés en varios países del mundo diciendo que sería incorrecto afirmar que el inglés había penetrado en la cultura ecuatoriana. A partir de eso, el razonamiento fue algo confuso, pero se entendió que las autoridades consideraban que los términos «animal» y «planet» no eran fácilmente entendidos por el público ecuatoriano en general. Este fue un hallazgo bastante sorprendente dado que la palabra «animal» es la misma en español que en inglés, y que el español para «planet» es «planeta». Claramente, este fue el punto de partida equivocado para tomar una decisión sobre  los casos.

Sin embargo, debe señalarse que la decisión del Comité antes mencionado contenía un voto salvado de uno de los miembros del Comité, estableciendo en términos inequívocos que ANIMAL PLANET sería fácilmente entendido por los hispanohablantes. El Comité está compuesto por tres miembros, por lo tanto, la oposición aún fue rechazada 2 a 1. Sin embargo, los juicios discrepantes rara vez se ven dentro de tales decisiones, y no hace falta decir que la voz disidente fue alentadora para DISCOVERY, que decidió seguir apelando.

Se presentó un recurso de reconsideración contra la decisión mencionada, que es una solicitud para que la autoridad relevante revise su criterio anterior. Dentro de dicha acción, en contraste con la instancia anterior, las autoridades reconocieron que el significado detrás de la marca ANIMAL PLANET sería fácilmente entendido por el público ecuatoriano en general, dado que la traducción al español del mismo es esencialmente idéntica, excepto por la adición de la letra adicional ‘a’ dentro de la palabra española ‘planeta’. Luego, la Oficina llegó a la conclusión de que los términos MUNDO y PLANET se relacionan con un concepto idéntico y, por lo tanto, existe el riesgo de que los consumidores se confundan. Este razonamiento fue seguido dentro de los asuntos relacionados en las clases 38 y 41.

Si bien la aceptación de las autoridades de marcas ecuatorianas de que el significado del ANIMAL PLANET puede ser descifrado por el consumidor ecuatoriano promedio representa un bienvenido retorno al sentido común, la posición de la Oficina en su conjunto es interesante ya que las marcas respectivas se están utilizando en programas de televisión para contenido relacionado a los animales. Es decir, en términos de la distintividad inherente, las marcas están hacia el extremo inferior del espectro. Además, «mundo» no es, de hecho, una traducción de «planet», sino que significa «world» o «earth» en inglés. Por lo tanto, la decisión destaca que incluso en el caso de las traducciones no literales un vínculo conceptual aún puede inferirse y ser suficiente para encontrar una similitud confusa. CorralRosales está de acuerdo con la decisión, ya que refleja la realidad en que las traducciones en sí mismas no siempre son literales o directas.

El pasado 16 de enero, se publicó un artículo similar en WTR. Pulsa para leerlo.

Ian Wall
Asociado en CorralRosales
ian@corralrosales.com

Falsificación de marcas y contrabando

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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha creado el Grupo de Tareas Específicas y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera para luchar contra la falsificación de marcas y el contrabando, que afectan seriamente a las actividades empresariales legítimas y al fisco.

En el Ecuador y en otros países de la región gran parte de los productos falsificados son importados, por lo que quienes introducen esos artículos incurren en la mayoría de los casos en el delito de contrabando.

La producción local de falsificaciones, sobre todo de marcas de lujo y de productos electrónicos, es reducida. Por tanto la mayoría de los productos falsificados de marcas reconocidas o de lujo (carteras, relojes, ropa, electrónicos, accesorios de celulares, etc.) son fabricados fuera del Ecuador y su ingreso casi siempre es irregular.

El ingreso irregular al país de productos falsificados activa la actuación directa de grupos especiales de Aduana destinados al control, incautación y, cuando corresponda, su destrucción, todo con el fin de apartar del mercado aquellos productos que, a más de ser ilegales por su origen, defraudan al fisco al no pagar los aranceles y otros tributos correspondientes a las importaciones.

El artículo 301 del Código Penal tipifica el delito de contrabando y castiga con pena privativa de la libertad de tres a cinco años, y multa de hasta tres veces el valor en Aduana de los productos incautados, si dicho valor es igual o supera los diez salarios básicos unificados (actualmente US$ 3940,00.).

El mismo código establece como circunstancia agravante del delito el que los productos sean falsificados, en cuyo caso se impondrá la máxima sanción.

En una acertada decisión, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador creó el “Grupo de Tareas Específicas”, comandado por inspectores de la más alta jerarquía y de probada reputación dentro y fuera de la institución y se asignó, además, personal auxiliar que cumple con las mismas características, quienes han demostrado, plena capacidad para trabajar con absoluta honestidad y dedicación.

Una experiencia personal confirma lo manifestado. En una oportunidad en la que se tenía que aguardar aproximadamente dos horas para proceder con una incautación, los miembros del Grupo decidieron aprovechar ese tiempo para realizar un trabajo de campo en los lugares aledaños, lo cual permitió incautar más de 15.000 cigarrillos que habían ingresado de contrabando. Hecho lo cual, se procedió con la incautación planificada.

En cada caso en el que tuvimos la oportunidad de participar, colaboramos con las autoridades de Aduana brindando información e identificando posibles objetivos de incautación. Asimismo, cuando correspondía, se presentó la denuncia formal y se ratificó la condición de los productos falsificados, con el propósito de evitar que regresen al mercado.

Con nuestra presencia en los operativos los infractores ven limitadas sus opciones de obstaculizar el procedimiento de incautación, pues cuando los representantes de la marca certifican que los productos decomisados son falsificados, no hay lugar a dudas o especulaciones sobre su origen.

La industria local y el comercio formal, en general, han hecho un gran esfuerzo para cumplir con los reglamentos técnicos obligatorios, en especial los de etiquetado. Este aspecto resulta de gran ayuda en la persecución de estos delitos, pues si los productos no cumplen con los requisitos obligatorios de etiquetado, pueden ser considerados de contrabando y por tanto se los puede incautar sean o no falsificados.

Hemos decidido continuar apoyando las labores de la Aduana en la lucha contra la falsificación y el contrabando, facilitando las herramientas para que su labor sea cada vez más eficiente. La capacitación constante del personal que realiza estas actividades legítimas afectadas por estos delitos, constituye también una forma de apoyar a las autoridades en este trabajo.

 

Eduardo Ríos
Asociado Senior en CorralRosales
eduardo@corralrosales.com

IPWatchdog – El Procedimiento Acelerado de Patentes o PPH es un instrumento de gran importancia

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DETALLES

FECHA: 2-11-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Francisco Gallegos

MEDIO: IPWatchDog

El Procedimiento Acelerado de Patentes o también conocido como Patent Prosecution Highway o PPH, por sus siglas en inglés, es un sistema muy eficiente cuya adopción es cada vez más extendida por parte de las diversas oficinas nacionales de patentes alrededor del mundo.

Por medio de este procedimiento se establece la posibilidad de aceptación de un examen de patentabilidad efectuado por la oficina de patentes de un país en la oficina competente de otro país miembro; esto es, el resultado favorable sobre la patentabilidad de una invención que obtenga un solicitante podría ser utilizado por parte de otra u otras de las oficinas nacionales competentes suscriptoras, evitando la realización de un nuevo examen de patentabilidad cada vez, en cada país y con ello agilizando los procedimientos administrativos.

A simple vista podría no tener mayor importancia dentro del procedimiento de obtención de una patente de invención, empero, en la práctica es un aporte sustancial para mejorar los tiempos de tramitación de patentes, con el consecuente y no menos importante ahorro de costos que ello supone.

Otra de las ventajas para la oficina nacional competente radica en el ahorro de recursos que supone el señalar a un experto que efectúe dicho examen y su posterior realización. Por otro lado, representa una ventaja adicional que los resultados dispares que suelen darse entre una oficina y otra van a ser eliminados pues se adopta una misma posición en cada país donde se opta por este proceso.

El Patent Prosecution Highway es factible en tanto en cuanto se cumplan los parámetros y requerimientos establecidos en las guías elaboradas por cada país, que entre otras consideraciones apuntan a que haya correlación entre los temas y reivindicaciones cuyo examen ya se realizó con aquella que está por realizarse.

Uno de los objetivos de este procedimiento acelerado es compartir e incorporar las prácticas y criterios de las oficinas suscriptoras, complementando así el trabajo de los examinadores locales que, dado el escaso número de profesionales con los que cuentan los entes gubernamentales para esta tarea, se produce un cuello de botella al momento de resolver sobre la patentabilidad.

En el año 2016, las oficinas de patentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile y México suscribieron un acuerdo de colaboración por tres años para realizar estos procesos acelerados, por considerarlo que contribuía al fortalecimiento de la región y su economía. Cumplido el plazo y una posible prórroga de un año, se evaluarán sus resultados para su implementación definitiva.

Por su parte en el mismo año se establecieron lineamientos para aplicación del programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre varias oficinas nacionales competentes (PROSUR-PROSUL), entre las que están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú. Para el caso de exámenes acelerados en solicitudes PCT, regirán los resultados de los exámenes rendidos por las oficinas nacionales competentes de Brasil y Chile.

Sobre lo primero, los lineamientos repiten el esquema del PPH, es decir, que cuando la Oficina de Examen Anterior haya evaluado la patentabilidad de una solicitud, incluyendo las fases nacionales de solicitudes internacionales de PCT, la Oficina de Examen Posterior asegurará que dicho solicitante pueda beneficiarse de un procedimiento acelerado en su examen, en tanto en cuanto cumpla con los requerimientos que se identifican en las respectivas guías del programa.

Según los lineamientos del plan piloto, estarían excluidos de este programa, por tanto del procedimiento acelerado, las reivindicaciones de solicitudes de patente que se refieran a usos (excluidos de patentabilidad), comprendidos en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como en la sentencia rendida por su Tribunal de Justicia dentro del proceso 89-AI-2000, las solicitudes divisionales (estas deberán presentar una nueva solicitud para participar en el PPH, cumpliendo todas las condiciones del caso); y, los diseños industriales.

En lo que respecta a Ecuador, a pesar de haber suscrito los respectivos acuerdos internacionales, hasta la fecha el procedimiento no entra en funcionamiento por diversas razones, entre las que se destacan: la falta de aplicación de las guías de operación del Programa Piloto, los cambios en la estructura institucional de la Oficina Nacional Competente, así como la aprobación de las tasas que se aplicarían a este procedimiento por parte de las diversas entidades gubernamentales involucradas.

Con el posible ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, anunciada por el gobierno nacional, la intención de negociar acuerdos de libre comercio con algunos de sus principales socios comerciales y la necesidad de cambios estructurales en varias instituciones del estado, incluyendo el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se espera que pronto el Procedimiento Acelerado de Patentes o Patent Prosecution Highway sea una realidad en nuestro país.

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La suspensión del acto administrativo en Propiedad Intelectual

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La suspensión de la ejecución de un acto administrativo es una disposición excepcional que puede ser emitida por una autoridad administrativa o judicial. Es una medida de naturaleza cautelar que procede únicamente cuando la ejecución del acto administrativo produce daños irremediables o de muy difícil remediación por la vulneración de los derechos del administrado. La suspensión significa que no se aplica el acto administrativo hasta que haya una resolución firme.

Esta figura tiene limitada aplicación en el área de Propiedad Intelectual, toda vez que, para obtener la suspensión del acto administrativo en sede judicial, los administrados deben demostrar que, por ejemplo, el registro de una marca o patente vulnera sus derechos; o, que se canceló indebidamente el registro de una marca por falta de uso.

A continuación, un análisis más detallado:

  1. Se formula una oposición a una solicitud de registro de marca o de patente por los motivos previstos en la ley: falta de distintividad, riesgo de confusión o asociación, no reunir los requisitos de patentabilidad, etc.
  2. La Oficina Nacional de Propiedad Intelectual niega la oposición y da paso al registro, por lo que, el afectado impugna esa decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando, además, la suspensión del acto, pues considera que su ejecución vulneraría sus derechos de una forma irreparable.
  3. Si se concede su petición, queda en suspenso el registro de la marca o patente. Después del trámite judicial, que tiene una duración mínima de tres años, se emite la sentencia que, para este análisis se asume que se ratifica la resolución administrativa, concediendo el registro y negando la oposición.

En ese escenario, ¿se vulneraron los derechos del solicitante al dejarlo durante tres años sin el goce de la titularidad de su registro?

Este sería el conflicto principal que podría ocasionar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo en Propiedad Intelectual.

¿Qué sucede en la práctica?

La autoridad judicial generalmente no acepta la solicitud de suspensión del acto administrativo porque, a pesar de que se puede demostrar la existencia de un daño irremediable producido por la ejecución del acto, están también en riesgo los derechos de quien obtuvo el registro de la marca o la patente.

Hay que tener en cuenta que la enorme mayoría de los conflictos sobre Propiedad Intelectual derivan de procedimientos administrativos trilaterales, en los que intervienen la autoridad administrativa y dos interesados o administrados. Por tanto, la suspensión del acto administrativo en esta rama es especialmente controversial e inusual.

En resumen, el fondo de la controversia está en que el juez contencioso – administrativo deberá evaluar si la suspensión de la decisión de la autoridad administrativa es o no procedente, evaluando los perjuicios que podrían sufrir, tanto la parte que logró el registro de la marca o patente, cuanto la otra parte que considera afectados sus derechos por ese registro. Siempre habrá un grado importante de subjetividad, pero el juez deberá recibir información amplia y verdadera por las partes en conflicto para formar su criterio.

Adicionalmente, el juez, que resuelva la suspensión del acto administrativo hasta que haya decisión firme sobre el conflicto, debería tener la posibilidad de exigir una caución suficiente para responder por los perjuicios que pudieren derivarse de la suspensión, si la decisión final ratifica la resolución de la autoridad administrativa. Una reforma para mejorar la aplicación de la ley sería exigir que se constituya caución suficiente -cuya cuantía debería fijarle el propio juez- para decretar la suspensión del acto administrativo.

Ruth Holguín
Asociada Senior en CorralRosales
ruth@corralrosales.com

El SENADI ratificó en Ecuador la distintividad del diseño tridimensional registrado por Crocs, INC

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El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador (SENADI), mediante Resolución Nro. OCDI-2019-0618[1], ratificó que el diseño del calzado CROCS tiene la capacidad de ser reconocido por los consumidores y además le permite a su titular diferenciarlo de los productos de los competidores, ya que cuenta con elementos propios y especiales que hacen del producto una forma diferente, no común ni ordinaria.

Con esta decisión, se reitera la distintividad del diseño tridimensional del calzado CROCS en Ecuador y se ratifica que CROCS, INC. es la única que puede comercializarlos, teniendo el derecho exclusivo de impedir a terceros el uso y comercialización de productos iguales o similares.

CROCS, INC. obtuvo en el año 2015 el registro de su marca DISEÑO TRIDIMENSIONAL (3D BAYA SHOE DESIGN) para proteger “calzado”.

La marca tridimensional tiene características propias, que la diferencian de las tradicionales marcas denominativas, figurativas y mixtas, ya que con este tipo específico de marcas se protege un objeto que ocupa un volumen en el espacio; es decir, es la forma de un producto o su envase. Por ello, la distintividad de este tipo de marcas recae sobre el conjunto de formas, relieves, entre otros elementos propios que se añaden en su conformación.

En el año 2017, JHON ALBERTO FIGUEROA VIVANCO solicitó ante el SENADI la nulidad del mencionado registro, alegando que se trataba de un diseño genérico para calzado y por tanto no susceptible de apropiación exclusiva. Adicionalmente señaló que el diseño otorgaba una ventaja funcional o técnica al producto, por lo que esta figura no era protegible como marca, según la Ley.

Sobre este concepto , el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece  que no podrán registrarse como marca los signos que:

“(…)

  1. carezcan de distintividad;
  2. consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
  3. consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (…)”

Durante el procedimiento, CROCS, INC. probó que el registro impugnado sí cumplía con los requisitos para ser considerado un diseño tridimensional, presentando incluso los registros obtenidos sobre el mismo diseño en varios países, en los cuales, al igual que en Ecuador, se había reconocido la distintividad de sus diseños particulares.

En cuanto a la ventaja funcional alegada por el demandante, el SENADI determinó que los elementos arbitrarios del diseño no están dados por un criterio funcional, puesto que la exclusión de tales formas, relieves, hendiduras y agujeros no impiden el uso natural del producto.

 

Katherine González H.
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com

[1] Trámite 17-1679-RV-2S resuelto por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI en fecha 18 de julio de 2019.

Gestión Digital – El top de los estudios jurídicos en Ecuador para Leaders League

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DETALLES

FECHA: 14-05-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

María Cecilia Romoleroux
Francisco Gallegos
Eduardo Ríos
Xavier Rosales

MEDIO: Gestión Digital

Gestión Digital se hace eco del ránking publicado por el prestigioso grupo francés Leaders League y en el que se destacan a los estudios jurídicos más importantes de Ecuador en áreas como Registro de Marcas, Litigios de Propiedad Intelectual, Antipiratería, Protección de Variedades Vegetales, y TMT

En el área de Registro de Marcas, Leaders League coloca a nuestros Socios María Cecilia Romoleroux y Francisco Gallegos como líderes en la materia. Estos mismos dos profesionales también aparecen en este ránking como excelentes en Litigios de Propiedad Intelectual. También como excelente aparece nuestro Asociado Eduardo Ríos en el campo de Antipiratería. Nuestro Socio Xavier Rosales aparece calificado como Excelente en el área de TMT, mientras que María Cecilia Romoleroux y Francisco Gallegos aparecen como profesionales altamente recomendados en Protección de Variedades Vegetales.

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Gestión Digital – El Derecho sobre una marca en la Comunidad Andina

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DETALLES

FECHA: 28-11-18

AUTOR: 

Katherine González

MEDIO: Gestión Digital

Nuestra Asociada Katherine González publica en el medio Gestión Digital un artículo sobre como ejercer el derecho sobre una marca en la comunidad andina. González hace referencia al principio de territorialidad de las marcas, que debe tenerse siempre en mente a la hora de establecer las estrategias comerciales para evitar caer en el error de asumir que el registro de una marca en un determinado país otorga derechos fuera de ese territorio.

«Una de las excepciones al principio de la territorialidad de las marcas es la oposición andina. Esta figura se encuentra prevista en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y le permite al titular de una marca registrada en cualquiera de los países que conforman esta comunidad (Colombia- Perú- Bolivia- Ecuador) oponerse a la solicitud de una marca similar o idéntica», afirma nuestra Asociada.

Según explica González, la oposición andina procede o bien cuando se tiene una marca registrada en alguno de los países miembros, para lo que se analizarán los argumentos junto con el examen respectivo y se emitirá la resolución, o cuando hay una solicitud previa en cualquiera de los países miembros, para lo que se suspende el trámite de oposición andina mientras se resuelva la solicitud prioritaria.

«En ambos casos, es requisito indispensable que, junto con la oposición andina, se presente una solicitud de marca que sea idéntica a aquella en el cual se fundamenta la oposición. Este requisito se le exige al titular para acreditar el interés real en el mercado, demostrando así que más allá de tratar de impedir un registro marcario de un tercero, tiene la intención real de utilizar la marca en país en el cual presenta la oposición».

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