Regulación de las entidades que prestan servicios financieros tecnológicos

Mediante Resolución JPRF-F-2023-076 (la “Resolución”), emitida el 11 de septiembre de 2023 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 402 de 22 de septiembre de 2023, la Junta de Política y Regulación Financiera (“JPRF”) publicó la “Norma que regula las entidades de servicios financieros tecnológicos”.

Su objetivo es reglamentar la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (“Ley Fintech”).

Todas las entidades que prestan actividades financieras centradas en la tecnología digital y electrónica deberán:

  1. Sujetarse a las regulaciones, que sean emitidas por la JPRF y la Superintendencia de Bancos, relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo; y,
  2. Designar un oficial de cumplimiento titular y suplente, que ejercerán sus funciones al menos a tiempo parcial.

La Resolución regula particularmente a las entidades de concesión digital de créditos, que son aquellas entidades que proveen crédito exclusivamente a través de plataformas electrónicas.

Estas entidades no podrán captar recursos del público con la finalidad de intermediación, y deberán constituir provisiones para los diferentes segmentos de crédito según los porcentajes establecidos en la Resolución.

Además, deberán considerar y cumplir con las siguientes disposiciones para operar:

i.    Constituirse con un capital mínimo de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.000).

ii.    Calificarse ante la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de las disposiciones que dicha autoridad establezca para el efecto y que contemplarán elementos de evaluación enfocados en administración de riesgos, ciberseguridad y seguridad de la información.

iii.    Sujetarse a la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos.

iv.    Otorgar crédito directo a todos los segmentos de crédito establecidos en la normativa aplicable, incluyendo tarjetas de crédito.

v.    Aplicar un proceso de evaluación de la capacidad de pago de los clientes para lo que deberán contar con su historial crediticio.

vi.    Efectuar los desembolsos mediante transferencias desde cuentas de la entidad abiertas en el sistema financiero nacional.

vii.    Garantizar los derechos y la protección de los usuarios financieros en consideración de las normas establecidas en la Resolución y en la normativa aplicable.

viii.    Cumplir en lo que respecta a la calificación de cartera, novación, refinanciamiento, reestructuración y castigo de las obligaciones con las normativas establecidas en esta materia para las entidades financieras.

ix.    Establecer un comité de gestión de riesgos que deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la gestión de riesgo de la entidad.

x.    Designar a un funcionario responsable de la Gestión de la Seguridad de la Información que gestione las políticas, objetivos y procesos que resguarden la seguridad de la información de la entidad.

Hasta el 22 de noviembre de 2023 la Superintendencia de Bancos deberá establecer los requisitos para la calificación de las entidades de concesión digital de créditos.

                                                                                                               

Juan Fernando Riera, asociado de CorralRosales
jriera@corralrosales.com
+593 2 2544144

 

NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

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Nuevas disposiciones para la corrección de las declaraciones aduaneras sujetas a compensación

Mediante Resolución SENAE-SENAE-2023-0080-RE, emitida el 27 de septiembre de 2023 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 412 del 6 de octubre de 2023, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador flexibilizó los plazos para presentar solicitudes de regularización de inventarios por faltantes de mercancías identificados después de transmitida la declaración aduanera de importación (DAI) y realizado el levante.

Se permite al importador la disminución de las cantidades declaradas en una DAI sujeta a compensación cuando se haya identificado que las mercancías no están físicamente. Para el efecto, el importador debe presentar una solicitud de regularización de inventarios adjuntando los siguientes documentos:

  1. Declaración juramentada con el detalle las mercancías que no arribaron al país; y,
  2. Documentos que justifiquen la causa del faltante.

La solicitud de regularización puede presentarse en los siguientes momentos:

  1. Dentro del término de 15 días improrrogables contados desde la fecha de levante de las mercancías. El SENAE dispondrá el pago de tributos y resolverá la regularización.

 

  1. Fuera del término de 15 días, pero dentro del plazo de permanencia de las mercancías sujetas al régimen aduanero. El SENAE dispondrá el pago de tributos, resolverá la regularización e impondrá una multa por falta reglamentaria según lo establecido en el artículo 193(d) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).

 

  1. Fuera del plazo de permanencia de las mercancías sujetas al régimen aduanero. El SENAE dispondrá el pago de tributos, resolverá la regularización e impondrá una sanción por incumplimiento de los plazos de permanencia.

Si el SENAE identifica que el importador incluyó información falsa en la declaración juramentada, iniciará las acciones penales que correspondan en contra del importador de acuerdo con el Código Integral Penal.

Finalmente, la Disposición Transitoria Séptima permite a los importadores cuyas solicitudes de regularización haya sido rechazada, presentar una nueva solicitud de regularización acogiéndose a las disposiciones de la Resolución SENAE-SENAE-2023-0080-RE dentro del término de 60 días contados a partir de su expedición.

En el siguiente enlace se puede revisar el texto completo de la Resolución:

                                                                                                                 

       

Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

               Fernanda Inga, asociada senior de CorralRosales
finga@corralrosales.com
+593 2 2544144

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Algunas cuestiones actuales (y otras permanentes) de la calificación del Operador de Comercio Exterior (OCE) – Revista ADA

DETALLES

FECHA: 09-10-2023

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Fernanda Inga

MEDIO:

ADA

Nuestra asociada senior Fernanda Inga publica en la revista Asociación de Agentes de Aduana de Guayaquil un artículo sobre los recientes cambios legislativos alrededor de los Operadores de Comercio Exterior (OCES), recalcando los cambios en su clasificación, así como en los procedimientos para obtener y renovar autorizaciones por parte del SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).

Indica que, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 586, la legislación distingue entre dos tipos distintos de OCES, aquellos que requieren una autorización por parte del SENAE, como son los agentes de aduanas, y aquellos que no requieren dicha autorización, como los importadores, exportadores, transportistas o cualquier persona que intervenga “directa o indirectamente en una operación de comercio exterior”, entre otros.

Con relación a los cambios en el procedimiento para que obtener y renovar la autorización que requieren los OCES, Fernanda recalca que el procedimiento de aprobación por parte del SENAE es inmediato. “No es necesaria una inspección previa y la solicitud debe atenderse en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la admisión a revisión del trámite”, explica.

Añade que se han eliminado “requisitos que no correspondían a la actividad aduanera o representaban una obstrucción a la calificación”, como la obligación de “presentar documentos societarios, planillas de aportes al IESS, patente municipal permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos, entre otros” y que además ya no es “una obstrucción a la calificación haber incurrido en un 5% de faltas reglamentarias sobre el total de operaciones”.

Sin embargo, Fernanda además comenta que se han creado nuevos requisitos “como la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y políticas antisoborno”.

“El objetivo de estas reformas es que los OCES accedan a procedimientos ágiles, simplificados y claros. Sin embargo, es recomendable que las solicitudes de autorización o renovación se lleven a cabo con la asistencia de un profesional experto en el ámbito técnico y legal para evitar errores que puedan retrasar o entorpecer el proceso”, afirma, agregando que “los principales obstáculos que los OCES enfrentan deriva de la presentación de documentación errónea”.

Si quiere leer el artículo completo, pulse aquí (páginas 12 a 15): REVISTA_ANIVERSARIO_2023_C.pdf (ada.com.ec)

El régimen de autogeneración como alternativa al consumo “regular” de energía eléctrica

Los artículos 261.7, 261.11 y 313 de la Constitución del Ecuador disponen que el Estado tiene competencia exclusiva sobre los recursos naturales y energéticos, y le corresponde administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, incluyendo la energía en todas sus formas.

En línea con lo anterior, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (“LOSPEE”) dispone que es deber del Estado satisfacer la necesidad del servicio público de energía eléctrica del país, a través de empresas eléctricas[1] habilitadas para tal efecto.

Dentro de ese marco normativo, las compañías del sector privado usualmente satisfacen su demanda de energía eléctrica con aquella que les suministra la empresa eléctrica, bajo un contrato de adhesión[2], que establece las condiciones en las que será prestado el servicio.  En este esquema, la empresa eléctrica emite mensualmente una factura con el valor a pagar por el servicio, que se calcula en función de una tarifa[3] fijada por la autoridad competente y el consumo de energía eléctrica en el mes.

Adicionalmente, la legislación contempla el régimen de autogeneración. El artículo 3 de la LOSPEE define al autogenerador como la “Persona jurídica, productora de energía eléctrica, cuya producción está destinada a abastecer sus puntos de consumo propio, pudiendo producir excedentes de generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda.”; y al consumo propio como “…la demanda de energía de la instalación o instalaciones de una persona jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, que a su vez es propietaria, accionista o tiene participaciones en una empresa autogeneradora.”

En otras palabras, el régimen de autogeneración consiste en una empresa  (autogenerador) que está autorizada a producir energía eléctrica para sus puntos de consumo propio (esto es, el consumo  de sus accionistas o socios), y que puede vender los excedentes de energía a grandes consumidores[4] y empresas eléctricas[5]. Por tanto, el requisito fundamental para que una compañía (independientemente de su giro de negocio) pueda beneficiarse del régimen de autogeneración es ser accionista o socio de un autogenerador.

Una vez cumplido ese requisito, el autogenerador deberá solicitar a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables u Organismo Regulador (“ARCERNNR”) la habilitación de la compañía accionista para el consumo propio, conforme el procedimiento establecido en la disposición general sexta de la Regulación Nro. ARCERNNR 001/23.

Cumplido lo anterior, se podrá iniciar el suministro de energía eléctrica del autogenerador a sus socios o accionistas en los términos y condiciones que hayan acordado las partes. De acuerdo con la Regulación Nro. ARCERNNR 001/23, la compañía deberá permanecer al menos un año como consumo propio del autogenerador con el que se habilitó, salvo que, por sus características de estacionalidad operativa, debe realizar cambios de condición de manera periódica.

Cumplido el tiempo mínimo de permanencia, la compañía podría: (i) mantenerse bajo el régimen de autogeneración con el mismo autogenerador con el que se habilitó o con otro autogenerador; (ii) regresar a su condición original como consumidor regulado[6]; o (iii) pasar a un esquema de gran consumidor.

La ventaja principal del régimen de autogeneración es la posibilidad de negociar las condiciones de la energía eléctrica que será suministrada por el autogenerador, a diferencia de lo que sucede en el esquema “regular” en donde el precio está sujeto a la tarifa fijada por la autoridad. Otra ventaja es que los consumidores en este esquema pueden elegir a autogeneradores de fuentes renovables, con lo cual las compañías podrían cumplir metas ambientales a través del consumo eléctrico con energía limpia.

En resumen, el régimen de autogeneración resulta atractivo para compañías que buscan reducir sus costos de energía eléctrica, además de utilizar generación eléctrica en una forma amigable con el ambiente.

[1] El numeral 7 del artículo 3 de la LOSPEE, define a la empresa eléctrica como la “…persona jurídica de derecho público o privado, cuyo título habilitante le faculta realizar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación o exportación de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general.”

[2] La LOSPEE lo identifica como “Contrato de suministro”. Al respecto, el numeral 12 de la Regulación Nro. ARCONEL 001/2020 dispone: “Como requisito para la energización del nuevo suministro del servicio público de energía eléctrica, el solicitante deberá suscribir con la distribuidora un contrato denominado “Contrato de suministro”. Este contrato contendrá los derechos y las obligaciones de la distribuidora y del consumidor, así como las condiciones en las que el servicio será prestado. Para la aplicación del presente numeral se deberá observar lo establecido en la Regulación Nro. ARCONEL 002/18 “Modelo de contrato de suministro de energía eléctrica” o aquella que la reemplace o sustituya.”

[3] El artículo 54 de la LOSPEE dispone que la autoridad competente “… dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público -general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato subsiguiente.” Adicionalmente, el artículo 55 de la LOSPEE dispone que la autoridad “…aprobará los pliegos tarifarios, los mismos que, para conocimiento de los usuarios del sistema, deberán ser informados a través de los medios de comunicación en el país y publicados en el Registro Oficial.”

[4] Es el consumidor que cumple con los requisitos establecidos en la Regulación ARCERNNR – 003/21 y se ha calificado como “gran consumidor” ante la autoridad competente. Una vez calificado bajo este régimen, el gran consumidor debe comprar toda su demanda de energía eléctrica a generadores o autogeneradores habilitados.

[5] La norma también las denomina como distribuidoras. El artículo 4 de la Regulación No. ARCONEL 001/2020 la define así: “Empresa eléctrica de distribución y comercialización o distribuidora: Persona jurídica cuyo Título Habilitante le faculta realizar la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, dentro de su área de servicio.”

[6] “Consumidor regulado” es la denominación que se otorga a los consumidores que satisfacen su demanda de energía eléctrica que aquella que les entrega la empresa eléctrica bajo un Contrato de suministro. El artículo 4 de la Regulación No. ARCONEL 001/2020 lo define así: “Consumidor regulado: Persona natural o jurídica que mantiene un contrato de suministro con la empresa eléctrica de distribución y que se beneficia con la prestación del servicio público de energía eléctrica.”

 

Mario Fernández
Asociado en CorralRosales
mfernandez@corralrosales.com

 

Reglamento para la aplicación del Decreto Ley para el fortalecimiento de la economía familiar

Mediante Decreto 876 de fecha 15 septiembre de 2023 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 401 de 21 de septiembre de 2023, el presidente de la República emitió el Reglamento para la Aplicación del Decreto–Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. A continuación, un resumen de los temas más relevantes:

  1. Rebaja de Impuesto a la Renta por gastos personales.

Para el cálculo de la rebaja se debe tomar el valor de la Canasta Familiar Básica correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal en el que se liquida el impuesto. Antes de la reforma se establecía que debía tomarse el valor correspondiente al mes de diciembre del año anterior.

En los gastos correspondientes a salud, alimentación, educación y vestimenta se pueden incluir aquellos incurridos para las mascotas del contribuyente.

Los comprobantes de venta de respaldo del gasto pueden estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares registradas para el cálculo de la rebaja. Solamente se podrán registrar como cargas aquellas respecto de las cuales el sujeto pasivo cubra “prácticamente” la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal.

Para el registro de los padres como cargas familiares se requerirá de su consentimiento expreso. Los hijos sin condición de discapacidad podrán considerarse como carga hasta el ejercicio fiscal en el que cumplan 21 años.

  1. Retención de sobre ingresos bajo relación de dependencia.

Para el cálculo de la retención de impuesto a la renta, el empleador deberá aplicar los beneficios por tercera edad o discapacidad previstos en la ley.

El valor del impuesto a retener debe dividirse para 11 meses, puesto que en enero el empleador no debe retener.

Si el valor de la Canasta Familiar Básica correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal en el que se realiza la retención no ha sido publicado hasta el mes de febrero, el empleador deberá aplicar la correspondiente al mes de diciembre del año anterior y posteriormente realizar los ajustes pertinentes.

En la proyección de gastos personales el empleado deberá incluir el número de cargas familiares y el cálculo diferenciado por enfermedades catastróficas, si fuese aplicable.

  1. Reducción de la tarifa de Impuesto a la Renta.

Se determinan las condiciones para la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, de investigación científica responsable o de desarrollo tecnológico.

El contribuyente deberá reinvertir sus utilidades en proyectos propios o de terceros que se ejecuten en el siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que se obtuvieron las utilidades. El beneficio es aplicable en el ejercicio fiscal en el que se ejecuta la inversión.

La reinversión de utilidades se podrá destinar a:

  1. En el caso de proyectos propios, para adquirir bienes y servicios necesarios para el proyecto.
  2. En el caso de proyectos ejecutados por terceros, los recursos podrán ser empleados para adquirir derechos representativos de capital de las sociedades que ejecuten el proyecto.

 

  1. Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)

El Servicio de Rentas Internas registrará a los contribuyentes en el régimen RIMPE al momento de su obtención o actualización del Registro Único de Contribuyentes

El SRI podrá incluir, recategorizar o excluir a los contribuyentes del régimen RIMPE en cualquier momento. Estas modificaciones deberán notificarse al contribuyente y los deberes formales derivados del cambio serán aplicables desde el mes siguiente a la notificación

Los contribuyentes calificados como Negocios Populares podrán emitir notas de ventas o facturas en la transferencia de bienes o servicios.

Para el cálculo del impuesto a la renta los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE podrán descontar los créditos tributarios que le fuesen aplicables, pero no la rebaja por gastos personales.

  1. Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos

Para la aplicación del “Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos”, se entenderán como actividades de pronóstico deportivo aquellas que permiten al usuario obtener un premio por acertar el resultado de una actividad deportiva en función de su estimación personal y no únicamente por el azar.

Se aclara que los operadores de pronóstico deportivo no pueden realizar juegos de azar como casinos, bingos, loterías o apuestas en general, prohibidos por la consulta popular de 2011.

El decreto no regula la forma en la que se retendrá, declarará y pagará el “Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos”.

 

Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

CORRALROSALES

Nuevas condiciones para la presentación del informe integral de precios de transferencia

Mediante Resolución NAC-DGERCGC23-00000025 emitida el 13 de septiembre de 2023 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 396 de 14 de septiembre de 2023, el Director General del Servicio de Rentas Internas (“SRI”) reformó las Resoluciones NAC-DGERCGC15-00000455 y NAC-DGERCGC16-00000532 que regulan la presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y el Informe Integral de Precios de Transferencia.

  1. Reformas a la Resolución NAC-DGERCGC15-00000455

Los sujetos pasivos obligados a aplicar el régimen de precios de transferencia y que dentro de un mismo ejercicio fiscal hayan efectuado operaciones con partes relacionadas por un monto superior a US$10.000.000 (antes US$15.000.000) deberán presentar el Informe Integral de Precios de Transferencia.

Respecto a las operaciones incluidas o no en el cálculo del monto de operaciones con partes relacionadas se reformó lo siguiente:

  • Se excluyen los ingresos derivados de actividades agropecuarias sujetos a impuesto a la renta único, así como los activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos.
  • En las operaciones entre partes relacionadas locales, se excluye del monto a aquellas operaciones realizadas por el sujeto pasivo que realizó la consulta previa de valoración. El sujeto pasivo con el cual se realizaron dichas transacciones no podrá excluirlas de forma automática; por tanto, se deberá analizar si se encuentran excluidas por otra razón o si deben incluirse para el cálculo del monto.
  • Se excluyen del monto las operaciones de pasivo, salvo aquellos préstamos contraídos en el periodo fiscal que se reporta.
  • Se incluyen las operaciones con partes relacionadas locales cuando el sujeto pasivo haya aprovechado cualquier exoneración de impuesto a la renta. o se acoja a una reducción parcial o total de la tarifa de impuesto a la renta.

No se podrá presentar un nuevo Informe Integral de Precios de Transferencia correspondiente a los ejercicios fiscales respecto de los cuales la administración tributaria ejerza o haya ejercido su facultad determinadora.

  1. Reformas Resolución NAC-DGERCGC16-00000532

Se admite el uso de información financiera correspondiente al ejercicio fiscal anterior al analizado cuando:

  • No se cuente con la información del ejercicio fiscal analizado respecto de una o algunas de las operaciones comparables;
  • El cierre contable del ejercicio fiscal anterior sea posterior al 30 de junio; y,

Se demuestre que las condiciones relevantes en ambos períodos no cambiaron.

 

Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

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Documentación adicional que deben presentar los representantes legales de las compañías constituidas en Ecuador

Mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019 de 29 de agosto de 2023, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 394 de 12 de septiembre de 2023 el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros expidió los “Lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales y jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros” (en adelante los “Lineamientos”).

Los Lineamientos establecen que las personas naturales o jurídicas que ejerzan la representación legal o administren las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar los siguientes documentos para la inscripción de su nombramiento, ya sea al Registro Mercantil o al Registro de Sociedades de la Superintendencia (si la compañía es una Sociedad por Acciones Simplificadas), según corresponda:

  1. El certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
  2. La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales: (i) Office of Foreign Assets Control (OFAC); y (ii) Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las copias de estos documentos formarán parte del expediente del acta de junta general mediante la cual se designe a los representantes legales o administradores de la compañía.

Adicionalmente, los Lineamientos determinan que el representante legal deberá presentar estos documentos anualmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, junto con la información/documentación que se presenta conforme al artículo 20 de la Ley de Compañías (esto es, estados financieros, nómina de accionistas extranjeros, etc.). El incumplimiento de esta disposición se comunicará a la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.

 

Sofía Rosales, asociada de CorralRosales
srosales@corralrosales.com
+593 2 2544144

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Nuevas regulaciones aduaneras para los regímenes de tráfico postal internacional y mensajería acelerada o courier

Mediante Resolución SENAE-SENAE-2023-0056-RE, emitida el 31 de julio de 2023 y publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial 386 del 31 de agosto de 2023, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) estableció nuevas regulaciones para las empresas autorizadas a operar bajo los regímenes de Tráfico Postal y Mensajería Acelerada o Courier.

Entre las reformas más importantes destacamos:

1.    Las empresas Courier tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones que las de un agente de aduana, respecto a la transmisión de la declaración aduanera simplificada (DAS) y el archivo de los documentos de acompañamiento y de soporte.
2.    Las empresas Courier tendrán la obligación de informar al consignatario sobre el estado de la carga durante todo el proceso de importación, y asesorarlo en temas inherentes a la clasificación arancelaria, normas de valoración y duda razonable.
3.    La empresa Courier no será responsable ante el SENAE por:
a.    La exactitud de la información declarada o por cualquier diferencia en cantidades y naturaleza de la carga.
b.    La intención del consignante de cumplir con las categorías que lo exoneran del pago de tributos (categorías B, E y G).
c.    La falta de guías hijas fijadas en los envíos siempre que no hayan sido sometidas a aforo físico.
d.    La verificación de fraccionamientos de envíos.
4.    Las contravenciones aduaneras por no presentar los documentos de acompañamiento no serán impuestas a la empresa Courier, siempre que demuestre que informó al consignatario sobre dicha obligación o que tuvo el consentimiento expreso del consignatario para no presentarlos. En estos casos, la multa por contravención será impuesta al consignatario.
5.    Se elimina la exoneración de documentos de control previo para textiles y calzado importados bajo la categoría D.
6.    En la importación de medicamentos bajo la categoría E, se deberá presentar la respectiva receta médica emitida por un profesional especialista en la enfermedad diagnosticada.
7.    Cuando el valor del flete internacional no se identifique en el documento de transporte, la empresa Courier deberá aplicar un valor referencial de US$0,003 del salario básico unificado por kilo (valor de flete = USD$ 0.003 x (Salario Básico Unificado) x Kg).
8.    Se aplicarán las normas del régimen de reimportación en el mismo estado para la carga Courier que haya sido exportada de manera definitiva al amparo de una declaración aduanera simplificada de exportación.

En el siguiente enlace se puede revisar el texto completo de la Resolución:
SENAE-SENAE-2023-0056-RE

 

       

Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

               Fernanda Inga, asociada senior de CorralRosales
finga@corralrosales.com
+593 2 2544144

NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

CORRALROSALES

Distintividad de marcas tridimensionales

DETALLES

FECHA: 07-09-2023

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Andrea Miño

MEDIO:

WTR Daily

Nuestra asociada Andrea Miño publica en WTR Daily (World Trademark Review) un artículo sobre ‘Distintividad de marcas tridimensionales’ en el que analiza cómo la Oficina ecuatoriana está realizando el examen en base a las directrices del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Recuerda que “el Tribunal establece que el signo no debe constituir una forma típica o común utilizada por otros competidores en el mercado, así tampoco formas indispensables o necesarias que cumplen una funcionalidad respecto del producto que buscan proteger, es decir deben contar con distintividad intrínseca”.

De la misma forma, “enfatiza que el signo tridimensional por sí mismo debe permitir que los consumidores asocien el producto que pretende proteger con su origen empresarial, es decir, que posean líneas, trazos y/o relieves arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente que permita diferenciarlos de otros que se comercialicen en el mercado”.

El tribunal concluye, según destaca Andrea, que los elementos denominativos o gráficos adicionales como palabras, números, colores, dibujos y otros, no pueden ser considerados. En caso de que la distintividad surja de estos elementos, estaríamos frente a una marca mixta de la cual el elemento tridimensional forme parte.

En este contexto, afirma, “la Oficina ecuatoriana en recientes resoluciones aplicando los lineamientos que se han establecido, ha negado o anulado derechos sobre signos tridimensionales debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para constituir marcas, es decir signos que, constituyendo una forma típica del producto y necesaria para otros agentes del mismo segmento de mercado, buscan su protección alegando su distintividad en los elementos adicionales que lo componen”.

Este criterio, por ejemplo, fundamentó el rechazo del signo “ZAFIRO CHAIDE DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE COLCHÓN Y BASE” debido a que no cumplió con los requisitos necesarios pues la distintividad – según el propio criterio del solicitante en su defensa- se encontraba en los diseños, colores y palabras que lo conformaban.

Si quiere leer el artículo completo, pulse aquí.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en (agosto/2023). Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación

El 23 de agosto de 2023 el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo No. 850, que contiene el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. En lo principal, el nuevo Reglamento:

  • Incorpora las normas para la autorregulación de los medios de comunicación.
  • Determina las reglas para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
  • Crea el Mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, como una instancia técnica estatal encargada de adoptar medidas para el efecto. El mecanismo está conformado por los Ministerios de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Mujer y Derechos Humanos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Fiscalía General del Estado, un representante de los trabajadores de los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios y un representante de la sociedad civil.
  • Modula la prohibición de difusión de publicidad importada establecida en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, al determinar que la publicidad producida en países miembros de los tratados y convenios de integración de los que Ecuador sea parte tendrá la calidad de nacional. Esto implica que se permite la difusión de publicidad producida en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, (Colombia, Perú y Bolivia); y de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Perú y Surinam).
  • Prohíbe la difusión de publicidad de todo tipo de sistema de apuestas o predicciones deportivas.

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, lo que no ha ocurrido hasta el momento de publicación de este boletín.

 

Ana-Samudio-abogados-ecuador

Ana Samudio, asociada senior de CorralRosales
asamudio@corralrosales.com
+593 2 2544144

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