Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM

El 6 de marzo del presente año el Ministerio de Energía y Minas expidió el Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada, (en adelante «Manual«) reconocida en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”). El Manual tiene por objeto desarrollar los estándares constitucionales para la operativización de la consulta. Estos estándares han sido establecidos por la Corte Constitucional y los tratados internacionales.

La Constitución reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades (en adelante “sujetos consultados”), el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada.  El manual dispone que dicha consulta es de aplicación obligatoria previo a la emisión de medidas administrativas sobre planes y programas de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en territorios de los sujetos consultados y los puedan afectar ambiental o culturalmente.

Los resultados de la consulta previa, libre e informada tendrán carácter no vinculante. Como consecuencia, en los casos en que el Estado opte por la ejecución de un proyecto aun cuando no exista el consentimiento de los sujetos consultados deberá i) motivar las razones por las que no ha sido posible adecuar el proyecto de acuerdo con las observaciones de los sujetos consultados; ii) establecer las razones que justifiquen la continuidad del proyecto; y, iii) las medidas que minimicen el posible impacto y maximicen los beneficios para los sujetos consultados.

A continuación, se detallarán los principales aspectos del Manual:

I.    Ámbito de aplicación

La consulta previa, libre e informada se la realizará previo a la medida administrativa que se emita para planes de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales y concesiones mineras en tierras indígenas. Será el Ministerio Sectorial (en adelante “sujeto consultante”) quien la realice.

II.    Principios

La consulta previa, libre e informada se regirá por los principios de obligatoriedad y oportunidad; flexibilidad; buena fe; interculturalidad y plurinacionalidad; sistematicidad y formalidad; publicidad e información; plazo razonable; e información amplia y necesaria.

III.    Etapas de la concesión minera

•    Exploración
•    Explotación

La consulta previa se realiza de manera obligatoria antes de cada etapa. En la pequeña minería, las dos etapas pueden realizarse simultáneamente y la consulta previa se adapta a esa realidad.

IIII.    Fases de la consulta previa, libre e informada

La consulta previa, libre e informada contiene 4 fases: i) preparación, ii) convocatoria pública e inscripción; iii) registro, información y ejecución de la consulta; y, iv) análisis de resultados y cierre de la consulta.

a.    Fase de preparación

El sujeto consultante emitirá un acto administrativo donde se identifique a los sujetos consultados de las tierras y territorios donde se desarrolla el proyecto minero, después de solicitar información al Ministerio de Agricultura y Ganadería.   Identificados los sujetos consultados el sujeto consultante establecerá un cronograma identificando:

•    La medida administrativa sobre el programa de prospección, exploración, explotación o comercialización a ser consultado;
•    El procedimiento de consulta; y,
•    Las fases de la consulta.

b.    Fase de convocatoria pública e inscripción

El sujeto consultante deberá informar vía medios de comunicación el inicio del procedimiento de consulta previa, libre e informada. Y, a su vez, abrirá centros de información para la consulta.

c.    Fase de registro, información y ejecución de la consulta

Los centros de información realizarán el proceso de registro para el diálogo entre el sujeto consultante y el consultado. Los centros garantizarán el acceso a la información para dar a conocer a los sujetos consultados el alcance de las medidas administrativas sobre planes y programas de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales.

d.    Fase de análisis de resultados y cierre de la consulta

En un término máximo de 20 días, el sujeto consultante deberá recopilar los resultados de la consulta previa, libre e informada. La falta de asistencia o acciones que busquen impedir o demorar la realización de la consulta, no la viciarán ni será interpretada como oposición motivada.

Una vez recopilada toda la información, se instalará una mesa de diálogo donde se discutirán los resultados de la consulta y las observaciones de los sujetos consultados respecto de la medida administrativa a expedirse. Después de concluida la mesa de diálogo, el sujeto consultante elaborará un informe final en el que constará todo lo discutido, especialmente los consensos y disensos a los que llegaron las partes . Con los resultados de la consulta, se expedirá la medida administrativa y definirá el cronograma con los compromisos y beneficios que se acordó con los sujetos consultados. Realizado el proceso de consulta previa, el sujeto consultante mantendrá canales de comunicación y participación con los sujetos consultados durante todo el proceso de ejecución del proyecto.

 

NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

Gestión Digital – ¿A quién afecta realmente la prohibición de la minería en áreas protegidas?

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DETALLES

FECHA: 28-02-18

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Rafael Serrano

Nuestro Asociado Rafael Serrano publica un artículo en la revista Gestión Digital en el que analiza las consecuencias de la a prohibición constitucional de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, aprobada en consulta popular. Según apunta nuestro experto, la minería legal no se verá afectada por esa medida ya que cuenta con unos límites en los que desarrollar proyectos, pero se logrará perseguir la ilegal y de esa manera proteger la naturaleza, el ambiente y las áreas urbanas.

«La preocupación de la sociedad por los efectos negativos que eventualmente podría producir la minería metálica especialmente en áreas protegidas viene de varios años atrás. Así, en 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi dictó el Mandato 6 por el cual se declaró la extinción de las concesiones mineras otorgadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguación y aquellos que afecten nacientes y fuentes de agua», contextualiza Serrano en su texto.

Nuestro Asociado comenta que las posibilidades mineras con las que cuenta Ecuador nunca han sido bien aprovechadas, por lo menos hasta ahora. La legislación sobre este tema ha sido muy cambiante y las condiciones para contratistas eran muy gravosas, por lo que no llegaban interesados en la minería a Ecuador. La situación cambiaría con la Ley de Minería (2009) y la creación del Ministerio de Economía (2015).

«Por lo mismo, lo que deberíamos preguntarnos en realidad es: ¿Qué pasará con la minería ilegal en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Es este tipo de minería la que ocasionó los conflictos socioambientales que generaron impacto en la sociedad y derivaron en la Pregunta 5. No se descarta la existencia de sectores contrarios a la actividad minera, pero corresponde a las autoridades y las compañías contratistas llevar a cabo estrictos controles sobre actividades ilícitas en las áreas descritas en la pregunta 5, para mantener una adecuada protección al ambiente y a los ciudadanos», asegura Serrano.

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