La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos (LORCOGEP), que entró en vigencia el 26 de junio de 2019, reformó el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) modificando sustancialmente la interrupción de la prescripción. Así, antes de la reforma se disponía que “Son efectos de la citación… 4. Interrumpir la prescripción.”, mientras que con la reforma se dispone que “Son efectos de la citación… 4. Interrumpir la prescripción. Si la demanda es citada dentro de los seis meses de presentada, la interrupción de la prescripción se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda.”[1]. Con esta reforma, ¿Se pone en peligro el derecho a la seguridad jurídica?
Históricamente, las normas que regulaban el rito procesal civil en el Ecuador contemplaban que únicamente a través de la citación de la demanda se interrumpía la prescripción. Desde el primer Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, promulgado en 1869, hasta la entrada en vigor de la LORCOGEP había sido la citación de la demanda -una fecha concreta y demostrable- la que interrumpía la prescripción. Con la reforma, la interrupción se retrotrae a la fecha de presentación de la demanda que es un hecho desconocido, hasta que se realice la citación, siempre que ésta ocurra dentro de los 6 meses de presentada la demanda. Téngase en cuenta que la citación de la demanda es un hecho fundamental en el proceso, porque solamente una vez producida ésta se traba la litis entre las partes en conflicto y empiezan a decurrir los términos para los actos procesales.
El Código Civil establece a la prescripción como un modo de adquirir las cosas o extinguir los derechos por no habérselos ejercido en el tiempo determinado en la ley[2]. Así, las acciones prescriben en un tiempo preestablecido en el propio Código. De no existir prescripción se vulneraría gravemente el derecho a la seguridad jurídica. Es responsabilidad de los ciudadanos iniciar las acciones en el tiempo y forma debidos o alegar la prescripción, de haber sido demandado y citado cuando ya se hubiere superado el término legal fijado por la ley para el efecto.
La seguridad jurídica implica, entre otras cosas, que las partes procesales tengan las normas claras al momento de iniciar un proceso. La Corte Constitucional ha determinado que “…, el derecho a la seguridad jurídica se entiende como la certeza en la aplicación normativa que se genera en función de la obligación de los poderes públicos de respetar la Constitución como norma suprema, y el resto del ordenamiento jurídico.”[3]. Este derecho a conocer con certeza la aplicación de las normas existentes en el ordenamiento jurídico se ve afectado por la reforma, pues al retrotraer la fecha de la prescripción de la acción al momento de presentación de la demanda si ésta ha sido citada en los seis meses siguientes a su presentación, genera que la parte demandada, que habría podido estar segura en su derecho al no haber sido citada con la demanda respectiva antes de que fenezca el término para que opere la prescripción, se entere seis meses después que si ha operado la antedicha prescripción.
Por ejemplo, en una acción por daño moral, que prescribe en 4 años desde la perpetración del acto, hasta la reforma permitía al demandado conocer el marco legal en el que debe defenderse y determinar si la acción se encontraba prescrita al momento de la citación. Es decir, la parte actora siempre ha tenido conocimiento del tiempo señalado en la ley para ejercer su derecho y presentar la acción. Al momento en que la LORCOGEP crea la posibilidad de que la interrupción de la prescripción opere no en la fecha de citación de la demanda, sino en la fecha en que ésta se presentó, atenta contra el derecho a la seguridad jurídica del demandado.
A mayor abundamiento, en el ejemplo anterior, antes de la reforma, si el actor presentaba una demanda por daño moral en el último día, es decir 3 años y 365 días, la acción había prescrito. Mientras que con la reforma si la acción se presenta el mismo día, la acción no prescribiría siempre y cuando se cite al demandado en los siguientes 6 meses a su presentación. Es decir, en la acción de daño moral el actor tendría 4 años y seis meses para citar la demanda y ejercer válidamente la respectiva acción, cuando antes de la reforma se tenían exactamente 4 años para citar al demandado.
Con la reforma del artículo 64 numeral 4 del COGEP, el legislador ha dado a la presentación de la demanda el efecto de interrumpir la prescripción de la acción siempre y cuando se cite al demandado en los 6 meses posteriores a su presentación, lo cual, en nuestro criterio, viola el derecho constitucional de la seguridad jurídica de los demandados.
Mateo Zavala
Asociado en CorralRosales
mzavala@corralrosales.com
[1] COGEP, art. 64: “Art. 64.- Efectos. Son efectos de la citación: […]
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Interrumpir la prescripción. Si la demanda es citada dentro de los seis meses de presentada, la interrupción de la prescripción se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda.”
