American Privacy Rights Act: un proyecto de ley que promete un cambio radical para la privacidad en los Estados Unidos

El respeto a la privacidad de los datos personales ha adquirido especial importancia en la era digital. Empresas y gobiernos recopilan y procesan información sobre nuestras actividades diarias, lo que hace indispensable contar con normas que protejan adecuadamente la privacidad de los ciudadanos.

Un paso hacia la protección de datos en los Estados Unidos.

Si bien Estados Unidos no cuenta con una ley federal específica sobre protección de datos, un paso importante se dio el 7 de abril de 2024[1], la Congresista Republicana Cathy McMorris Rodgers y la Senadora demócrata María Cantwell, ambas del estado de Washington, presentaron un proyecto de ley federal de privacidad denominado “American Privacy Rights Act” (APRA).

Este proyecto de ley crea un marco regulatorio integral para la protección de datos personales en los Estados Unidos.  Es un avance significativo hacia una mayor protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

Aspectos clave del APRA y su relación con Ecuador.

APRA[2] aborda diversos aspectos contenidos en la mayoría de las leyes sobre la materia, inclusive la de Ecuador, entre ellos:

  • Minimización de datos: Limita la recopilación de datos personales al mínimo necesario para el propósito previsto.
  • Transparencia en las políticas de privacidad: Exige a las empresas y proveedores que proporcionen información clara y accesible sobre sus prácticas de recopilación, uso y divulgación de datos.
  • Gestión de derechos: Otorga a los individuos el derecho de acceder, rectificar y suprimir sus datos personales. Además, del derecho a optar por no recibir publicidad dirigida.
  • Designación de un Oficial de Privacidad o Seguridad de Datos: Establece la obligación de designar un oficial responsable de la seguridad de los datos, el cual debe ser cualificado y contar con la experiencia para desempeñar el cargo de manera efectivo.

Novedades del APRA.

El proyecto de ley federal APRA incorpora aspectos relacionados con la inteligencia artificial (IA) y los datos. Esto incluye:

  • Restricción del volumen de datos utilizados en el desarrollo de IA: Aplica el principio de minimización para limitar la cantidad de datos personales utilizados en el entrenamiento y funcionamiento de sistemas de IA.
  • Concepto de “algoritmos cubiertos”[3]: Define como “algoritmos cubiertos” cualquier proceso computacional que toma una decisión o facilita la toma de decisiones humanas utilizando datos. Esta definición abarca una amplia gama de sistemas de IA, desde los más simples hasta los más complejos.
  • Obligaciones para entidades que utilizan algoritmos cubiertos:   Las entidades que utilicen algoritmos cubiertos tendrán múltiples obligaciones, entre las que se destacan:
  1. Evaluación del diseño: Evaluar el diseño del algoritmo para identificar y reducir el riesgo de daños potenciales.
  2. Evaluación de impacto: Evaluar el impacto de los posibles efectos del algoritmo en los individuos y la sociedad.
  3. Aviso y oportunidad de exclusión voluntaria: Brindar la posibilidad de excluirse voluntariamente del uso de un algoritmo cubierto si este se utiliza para tomar “decisiones consecuentes” (decisiones que afectan significativamente el acceso o disfrute de un individuo a bienes o servicios esenciales).

Implicaciones para Ecuador.

La promulgación del APRA tendría un impacto significativo en Ecuador, especialmente en los siguientes aspectos:

  1. Flujo de datos transfronterizos: Facilitará la transferencia de datos entre Estados Unidos y países con estándares equivalentes de protección de datos, como Ecuador. Esto se traduce en:
  • Simplificación de procesos: Se reducen las cargas administrativas y legales para las empresas que transfieren datos entre ambos países.
  • Reducción de costos: Se minimizan los costos asociados a la transferencia de datos, como la implementación de medidas de seguridad adicionales.
  1. Cooperación internacional: Permitirá la cooperación internacional en materia de protección de datos entre Estados Unidos y otros países, incluido Ecuador. Esto permitirá a las autoridades ecuatorianas:
  • Compartir información de manera más segura : Colaborar en investigaciones y casos relacionados con la protección de datos que involucran a empresas estadounidenses.

En conclusión, una vez aprobada el proyecto de ley APRA representará un avance significativo hacia la protección de datos en Estados Unidos y tendrá claros impactos en otros países, incluido Ecuador, como ha sido expresado en párrafos anteriores.

[1]  https://energycommerce.house.gov/posts/committee-chairs-rodgers-cantwell-unveil-historic-draft-comprehensive-data-privacy-legislation

[2] https://d1dth6e84htgma.cloudfront.net/American_Privacy_Rights_Act_of_2024_Discussion_Draft_0ec8168a66.pdf

[3]  https://www.whitecase.com/insight-alert/proposed-american-privacy-rights-act-seeks-establish-comprehensive-national-framework

 

 

Thalía Ordoñez
Asociada en CorralRosales
tordonez@corralrosales.com

Victoria amarga: La justicia tardía en el sistema de patentes en Ecuador

Justicia que tarda…

Hoy, el tribunal de lo contencioso administrativo sentenció a nuestro favor dentro de un proceso de patente, sentencia que corrige el error de la oficina local; le concedió su protección, un triunfo sin duda, pero un triunfo agridulce.

Esta solicitud de patente fue presentada en el Ecuador el 23 de enero de 2006 (quienes conocen del tema saben por dónde va el problema con solo esa mención).

En Primera Instancia y dentro del periodo “normal” que tarda la oficina local en resolver una patente, el 9 de febrero de 2012 se negó la protección de patente, ante lo que presentamos una impugnación en Instancia Administrativa el 22 de febrero del mismo año, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.

La oficina local, yendo en contra de la ley y desconociendo disposiciones jurisprudenciales, consideró que no se podía presentar un nuevo juego reivindicatorio en esta instancia, y volvió a negar la patente con los mismos argumentos anteriores; y aquí empieza el problema pues para decir esto, tardaron casi 7 años más.

El 27 de mayo de 2019, acudimos directamente a Tribunales, omitiendo la impugnación administrativa, confiando en que las ilegalidades existentes serían suficientes para que se corrija el error y se conceda la patente. Luego de cinco años, 1 mes y 22 días, se dictó sentencia de primera instancia y se concede la patente a favor de nuestro cliente.

Hasta aquí todo bien, con orgullo lo informaremos; sin embargo, esto contrarresta cuando sabemos que, hoy le restan tan solo 3 días de protección a la invención que se buscaba patentar.
Surge la pregunta entonces: ¿La justicia que se ha obtenido el día de hoy, es justa? Evidentemente no.

Viene siendo ya imperiosa la necesidad de presionar por la aplicación del sistema acelerado de patentes, con las condiciones que establezca la autoridad local por supuesto, pero deben tomar conciencia del problema y adoptar de una buena vez las soluciones que están dispuestas en la Ley o compensar con tiempo adicional de protección a las patentes que, como en este caso, han obtenido protección a tres días de su vencimiento por responsabilidad absoluta del estado.

Considero esta sentencia como un logro profesional, no es fácil revertir decisiones de patentes en cortes, pero es un fracaso para el sistema de patentes en nuestro país, y si no tomamos este tipo de hechos con seriedad y buscamos una corrección que realmente solucione estos problemas de raíz, seguiremos en el mejor de los casos obteniendo justicia, que no es justa…

 

Eduardo Ríos
Socio en CorralRosales
eduardo@corralrosales.com

Reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Mediante Decreto Ejecutivo No. 333 de 12 de julio de 2024, publicado en el Registro Oficial No. 600 Tercer Suplemento de 15 de los mismos mes y año, se reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (“RGLOSNCP”).

A continuación, un resumen de las reformas más importantes:

  1. Se incluye la contratación de promoción turística del Ecuador como régimen especial. Bajo este régimen, se podrá contratar: (i) estudios de oferta y demanda; (ii) difusión de publicidad; (iii) organización, logística y asistencia para eventos y ferias; (iv) creación de campañas de promoción turística; y (v) promoción y posicionamiento de la Marca País.
  2. Se considerará proveedor local a las personas jurídicas cuya oficina principal esté ubicada en el cantón, provincia o región donde se ejecutará el contrato. No se considerarán sucursales o filiales.
  3. Si el contratista es un sujeto obligado frente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (“UAFE”), deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual.
  4. El estudio de desagregación tecnológica en obras aplicará solo cuando el presupuesto referencial sea igual o superior al monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para el 2024, dicho monto es US$998.904,59.
  5. Las entidades públicas podrán adquirir pasajes aéreos nacionales e internacionales, bajo cualquiera de los siguientes mecanismos:
    1. De forma directa con aerolíneas.
    2. De forma directa con aerolíneas mediante planes empresariales o corporativos.
    3. De forma directa mediante plataformas virtuales de adquisición de pasajes.
    4. A través de agencias de viaje, si se considera pertinente por razones técnicas y operativas.

 

Mario Fernández, asociado en CorralRosales
mfernandez@corralrosales.com
+593 2 2544144

© CORRALROSALES 2024
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

Economía Circular

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca minimizar los desechos de un producto desde el diseño, promover un uso sostenible de los recursos naturales, revalorizar los residuos y regenerar la naturaleza. Como su nombre lo indica, el objetivo principal es mantener la circularidad de los materiales en las cadenas de suministros por el mayor tiempo posible.

Este concepto aparece en contraposición al de economía lineal, el cual es un modelo de extracción de materia prima virgen para elaborar productos y, posteriormente, desecharlos como residuos. Por el contrario, la economía circular promueve la desvinculación de las actividades económicas del consumo de recursos finitos.

En el año 2021, en Ecuador se promulgó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, cuyo objetivo es establecer los mecanismos de transición de una economía lineal a una economía circular inclusiva. La referida ley crea el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, el cual es liderado por los entes rectores de producción y de ambiente.

La ley establece entre sus principios la valorización de residuos, es decir, que el residuo es considerado un potencial recurso económico. Así también, establece una jerarquía en el manejo de residuos que establece un orden en el proceso productivo para alcanzar la economía circular, el cual incluye al ecodiseño como punto inicial.

La ley ha sido denominada como inclusiva porque procura la integración económica de los recicladores de base, quienes se han convertido en actores de especial atención dentro de la cadena de reciclaje por las condiciones de vulnerabilidad en las que ejercen su actividad.

Responsabilidad extendida del productor (REP)

La referida ley promulga la obligación de implementar sistemas de responsabilidad extendida del productor (REP) a los denominados “productos prioritarios” (conforme la normativa, estos serán determinados por la autoridad competente pero aún no se encuentran especificados).

La responsabilidad extendida del productor (REP) es una política que establece que los productores o importadores de un producto tienen la responsabilidad de su gestión en todo el ciclo de vida del mismo. El objetivo de la REP es incentivar a los fabricantes a asumir un papel activo en la gestión de los residuos generados por los productos puestos en el mercado.

Este enfoque de gestión de residuos prevé la recolección, clasificación y el reciclaje para aportar a la circularidad de los materiales, es por esto por lo que la REP es una herramienta que sirve como punto de partida de la economía circular.

En nuestro país desde hace más de 10 años se ha implementado esta política a productos específicos como envases agroquímicos, neumáticos, baterías, residuos electrónicos y residuos de medicamentos, entre otros.

 

Verónica Manrique, Abogada Asociada Junior en CorralRosales
veronica@corralrosales.com
+593 2 2544144

Felipe-Samaniego-abogados-ecuador

Felipe Samaniego, Socio en CorralRosales
felipe@corralrosales.com
+593 2 2544144

 

© CORRALROSALES 2024
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos

Mediante Decreto Ejecutivo 313 de fecha 27 de junio de 2024, el Presidente de la República del Ecuador emitió las normas que reglamentan el Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos. A continuación, resumimos los puntos más importantes:

  1. Declaración, liquidación y pago del impuesto: Los sujetos obligados deberán declarar y pagar el impuesto de forma mensual. Los operadores deportivos residentes en el país deberán presentar una declaración anual en la que consoliden los valores declarados mensualmente.
  2. Base Imponible: Es igual al total de los ingresos generados, incluyendo comisiones, menos el total de los premios pagados, siempre que haya retenido el 15% sobre dichos premios al momento del pago.
  3. Tarifa: Sobre la base imponible se aplicará la tarifa única del 15%.
  4. Retención: Los premios que paguen los operadores residentes y no residentes se sujetarán a retención del 15%. El premio corresponde al valor al que tiene derecho el jugador cuando se verifica su pronóstico. Dicho valor no incluye el pronóstico devengado, es decir, el valor que fue apostado por el jugador.
  5. Comprobantes: Los operadores residentes o no residentes deberán emitir comprobantes de venta. Podrá emitirse a cada jugador un solo comprobante de venta por cada evento deportivo. En el caso de la retención, se podrá emitir un solo comprobante de retención por todos los premios entregados durante el mes a un mismo jugador.
  6. Plazo de aplicación: Los operadores tienen 6 meses para adecuar sus sistemas e implementar los mecanismos necesarios para la aplicación de las obligaciones formales aplicables.
  7. Operadores no residentes: Los operadores no residentes deben obtener su RUC. Esto no implica que los operadores tengan establecimiento permanente en Ecuador. Sin embargo, el apoderado en Ecuador debe conservar la información de soporte de sus declaraciones por 7 años.

 

Andrea-Moya-abogados-ecuador

Andre Moya, socia en CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

© CORRALROSALES 2024
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) anula registro de marca solicitada de mala fe

La buena fe, como principio fundamental del sistema legal, rige en todas las áreas del derecho, incluyendo el marcario. Bajo este precepto, las actuaciones de los particulares se presumen realizadas con la convicción de no perjudicar a terceros y dentro del marco de la Ley.

El registro de la marca SAVOY TORONTO en la clase 30 (adornos comestibles para productos de pastelería y repostería, bebidas a base de cacao, bebidas a base de chocolate, bombones de chocolate, cacahuate (productos de confitería a base de), cacahuetes (productos de confitería a base de), cacao, cacao (bebidas a base de), cacao (productos a base de), chocolate, chocolate (bebidas a base de), dulces, leche (cacao con), leche (chocolate con) [bebida]), fue concedida en el año 2021 bajo la presunción de ser una solicitud de buena fe, a favor de una persona natural en Ecuador que se dedica a la comercialización de alimentos.

La marca fue registrada habiendo cumplido con todas las instancias necesarias hasta la emisión del certificado de registro.  Pero no fue analizado en su oportunidad por parte de la autoridad de propiedad intelectual, es que la marca SAVOY TORONTO es una de las marcas emblemáticas de Societé des Produits Nestlé en algunos países de la región.   Al momento en que la marca fue solicitada, Nestlé no contaba con su registro marcario en Ecuador y por ello no presentó oposición.

En el 2022, Nestlé presentó una acción de nulidad contra la marca SAVOY TORONTO, alegando ser el legítimo creador y titular de los derechos marcarios, por lo que el registro obtenido por el solicitante en Ecuador fue realizado para perpetrar un acto de mala fe y competencia desleal, ya que el solicitante estaba plenamente consciente de que se trata de una marca de un tercero y buscaba aprovecharse de su fama y nivel de conocimiento entre los consumidores.

En  la acción de nulidad Nestlé demostró con pruebas fehacientes que la solicitud fue presentada para cometer  un acto de mala fe, ya que era prácticamente imposible que la coincidencia en el nombre de la marca y productos confrontados se diera como consecuencia de una mera casualidad, mucho menos si se toma  en cuenta: (i) el alto nivel de reconocimiento de las marcas de Nestlé; y (ii) que el solicitante comercializaba productos bajo las marcas en conflicto, antes de solicitar su registro en el Ecuador.

Con estos fundamentos, mediante resolución Nro. OCDI-2024-202 del 26 de marzo de 2024, el Servicio Nacional de Derechos Intelectual estableció que “Parece bastante improbable que dos personas distintas hayan ideado un signo distintivo con términos exactamente iguales, para proteger los mismos productos, y cuyo registro en el territorio andino data del año 2005.” y anuló el registro de la marca SAVOY TORONTO. Esta resolución constituye un avance en la protección de los derechos de propiedad intelectual de forma integral, al haberse considerado la intención del solicitante en la solicitud del registro de marca y no únicamente los elementos objetivos.  La autoridad competente ha hecho una correcta valoración de las circunstancias específicas de este caso particular.

 

Katherine González
Asociada senior en CorralRosales
katherine@corralrosales.com

Sanciones por la falta de entrega y transmisión de comprobantes de venta

Mediante Resolución NAC-DGERCGC24-00000022 emitida el 6 de junio de 2024 y publicada en el Registro Oficial 575 de 10 de junio de 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) reguló las sanciones pecuniarias aplicables por la falta de entrega y transmisión de comprobantes de venta.

Es obligación del sujeto pasivo emitir los comprobantes de venta y transmitirlos en el momento de su emisión o hasta dentro de un plazo máximo de 72 horas. El incumplimiento de estas obligaciones se sujeta a las siguientes sanciones:

Características del contribuyente (a la fecha de comisión de la infracción) No entregar comprobantes de venta (RBU = US$460 para 2024) No transmitir al SRI los comprobantes de venta electrónicos (RBU = US$460 para 2024) Gran contribuyente y grandes patrimonios 20 RBU (US$9.200) 30 RBU (US$13.800) Contribuyente especial 10 RBU (US$4.600) 15 RBU (US$6.900) Sociedades diferentes a sin fines de lucro, sucesiones indivisas y personas naturales, obligadas a llevar contabilidad 7 RBU (US$3.220) 10 RBU (US$4.600) Sociedades sin fines de lucro 4 RBU (US$1.840) 5 RBU (US$2.300) Sucesiones indivisas y personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad 4 RBU (US$1.840) 5 RBU (US$2.300) Contribuyentes considerados como negocios populares dentro del régimen RIMPE 1 RBU (US$460) 1 RBU (US$460) Contribuyentes no inscritos en el RUC 1 RBU (US$460) 1 RBU (US$460)

Se considera que un comprobante de venta no ha sido entregado cuando:

  1. Se entrega comprobantes físicos cuya autorización se encuentre caducada a la fecha de emisión.
  2. Se entrega comprobantes electrónicos sin que el sujeto pasivo esté autorizado para su emisión.
  3. Se entrega comprobantes cuya autorización pertenezca a otro contribuyente.
  4. Se entrega comprobantes no autorizados.

Se considera que se ha verificado la transmisión de comprobantes electrónicos cuando:

  1. La transmisión al SRI se efectuó dentro del plazo de 72 horas.
  2. Los comprobantes han cumplido con todas las validaciones establecidas para la transmisión y recepción exitosa en los sistemas del SRI.
  3. Los comprobantes de venta contemplan la información y los valores de la transacción efectuada.

 

Andrea-Moya-abogados-ecuador

Andrea Moya, socia en CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

© CORRALROSALES 2024
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

La resolución adoptada en Sesión Ordinaria No. 062 – 2024 del Consejo de la Judicatura el 30 de mayo de 2024 no modifica el vencimiento de términos

El Consejo de la Judicatura en resolución adoptada en sesión ordinaria No. 062 – 2024 de 30 de mayo de 2024, amplió el horario de atención para el ingreso de peticiones y escritos a través de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica, a los siete días de la semana, las 24 horas del día.

Si bien la resolución modificó el horario de atención de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica, no cambia el momento en el que se vencen los términos judiciales, como se fundamenta a continuación:

El artículo 77 del Código Orgánico General de Procesos, dispone:

Art. 77.-Comienzo y vencimiento del término. El término empieza a correr en forma común, con respecto a todas las partes, desde el día hábil siguiente a la última citación o notificación. Su vencimiento ocurre el último momento hábil de la jornada laboral.

Es decir, los términos vencen en el último momento hábil de la Jornada Laboral, lo que es coherente con el artículo 78 del mismo cuerpo legal, que señala que son horas hábiles las que corresponden al horario de trabajo que fije el Consejo de la Judicatura.

Según el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial es obligación de todos los servidores de la función judicial cumplir la semana de trabajo de cuarenta horas en jornadas de ocho horas diarias.

A su vez, la jornada laboral fijada por el Consejo de la Judicatura es de 08h00 a 17h00 de lunes a viernes lo que es concordante con el artículo 78 del Código Orgánico General de Procesos.

En conclusión, la ampliación del horario de atención de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica optimiza la gestión judicial en la presentación de escritos y peticiones, pero no modifica el vencimiento de los términos que seguirá siendo hasta las 17:00 del último día.

Sostener que el vencimiento de los términos se produzca a las 24 horas del último día carece de sustento legal y fáctico, como queda sustentado.

 

Mateo Zavala
Asociado senior en CorralRosales
mzavala@corralrosales.com

Devolución del IVA Pagado en Proyectos Inmobiliarios

Mediante Resolución NAC-DGERCGC24-00000019 emitida el 28 de mayo de 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció el procedimiento para solicitar la devolución del IVA pagado en proyectos inmobiliarios.

A continuación, resumimos los puntos más importantes:

  1. ¿Quién puede solicitar la devolución?

Aquellas sociedades y personas naturales que hayan pagado IVA en adquisiciones locales o importaciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios.

  1. ¿Cuál es el monto sujeto a devolución?

Se sujeta a devolución el IVA generado, declarado y pagado a partir del 1 de enero de 2024 que no genere derecho a crédito tributario.

En el caso de proyectos de vivienda desarrollados para la venta a terceros, el valor de devolución no podrá superar el 6,5% del costo total referencial del proyecto registrado ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) o SRI.

En el caso de proyectos de vivienda propia ejecutados por personas naturales, el valor de devolución no podrá superar el 7% del costo referencial del proyecto inmobiliario, cuyo costo máximo será hasta US$105.340 (229 SBU) por vivienda.

  1. ¿Cuál es el proceso para obtener la devolución?

El beneficiario deberá:

  1. Realizar una pre-validación de la solicitud en el sistema web del SRI.
  2. Se debe presentar una solicitud por mes y por cada proyecto a la cual se deberá adjuntar:

i. Constancia del registro del proyecto inmobiliario ante el MIDUVI o ante el SRI.
ii. Título habilitante para la construcción otorgado por el Gobierno Municipal.
iii. Reporte de pre-validación obtenido en el sistema web del SRI.
iv. Listado en medio magnético de los comprobantes de venta físicos y electrónicos que soportan el valor total de IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes y servicios, usados directamente en el proyecto inmobiliario.

 

Andrea-Moya-abogados-ecuador

Andre Moya, socia en CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

© CORRALROSALES 2024
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.

 

CORRALROSALES

Protección de los derechos de Propiedad Intelectual mediante acciones penales: conclusiones de una reciente sentencia judicial

DETALLES

FECHA: 12-04-2024

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Maria Cecilia Romoleroux

MEDIO:

– WTR

  • En un caso reciente, se liberó mercancía falsificada y el fiscal ordenó cerrar la investigación
  • En virtud del principio de libertad probatoria, se pidió a un perito que evaluara los productos falsificados.
  • Basándose en el informe del experto, el juez rechazó la petición del fiscal de archivar el caso.

Antecedentes

En agosto de 2021, una reforma de la Código Penal corrigió varios errores que, en la práctica, hacían imposible perseguir y sancionar los delitos de Propiedad Intelectual. Se reformó la tasación mínima de los bienes incautados (excepto los casos de comercio exterior) y se reintrodujo la pena de prisión (de hasta un año).

La reforma también aclaró varios aspectos a considerar en un delito (por ejemplo, la tasación de los bienes basada en el precio de los productos genuinos y la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes), lo que puso fin a los litigios.

Sentencia judicial reciente

En la práctica, aunque estas disposiciones están reguladas por la ley, algunos fiscales y jueces, lamentablemente, no han procedido como se esperaba. Por ejemplo, en un caso reciente, un infractor se presentó ante un juez de garantías constitucionales, argumentando una violación del principio de seguridad jurídica debido a una supuesta notificación tardía por parte de Aduanas, que dio lugar a la liberación los productos falsificados. El fiscal que conoció del caso ordenó el archivo de la investigación, argumentando que, con la liberación de los bienes, no había delito que perseguir.

Los delitos contra la Propiedad Intelectual deben ser procesados siguiendo los principios de justicia penal establecidos en el Código Penal. Uno de estos principios es el de “libertad probatoria”, que permite a las partes aportar elementos que pueden ser considerados como pruebas, que posteriormente serán valorados en cuanto a su pertinencia y utilidad. En otras palabras, basándose en este principio, los abogados tienen una amplia gama de oportunidades para demostrar que se ha cometido un delito, en este caso, un delito contra la Propiedad Intelectual.

Basándose en el principio de libertad probatoria, se pidió a un perito que evaluara los productos infractores basándose en los documentos y fotos de los registros oficiales. El peritaje concluyó que los productos liberados eran falsificaciones, lo que demostraba que se había cometido un delito y, por tanto, debía ser investigado.

El informe pericial fue presentado al juez, que revisó toda la documentación presentada y rechazó la petición del fiscal de archivar el caso. El juez también ordenó que el caso se pusiera en conocimiento de una autoridad superior de la Fiscalía General del Estado, afirmando que debía darse prioridad a la investigación de un posible delito.

Ahora debe nombrarse un nuevo fiscal para que continúe la investigación y se impongan sanciones (incluida una pena de prisión de hasta un año y una multa de hasta 138.000 dólares).

Comentario

Esta decisión judicial es importante porque demuestra que, a pesar de las limitaciones en la formación, la falta de conocimientos especializados en Propiedad Intelectual y el abuso de las acciones constitucionales, es posible obtener un resultado adecuado presentando documentos que demuestren los errores cometidos por las autoridades y proporcionando a los jueces herramientas que respalden sus decisiones.

La protección de los derechos de Propiedad Intelectual puede lograrse utilizando todos los mecanismos disponibles y los principios establecidos por el Código Penal para todo tipo de delitos, ya que los delitos contra la Propiedad Intelectual no pueden ser considerados como delitos menores.

Lea aquí el artículo en WTR.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en abril de 2024. Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.