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Mediante Resolución No. ARCERNNR-031/2023, vigente desde 1 de noviembre de 2023 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (en adelante, “ARCERNNR”) emitió la Regulación No. ARCERNNR-008/23 que contiene el “Marco normativo de la generación distribuida para el autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica” (en adelante, la “Regulación”).

La Regulación establece fundamentalmente los requisitos y el procedimiento para instalar y operar un sistema de generación distribuida para autoabastecimiento (en adelante, “SGDA”).
Un SGDA es el conjunto de equipos que generan energía eléctrica para el autoabastecimiento de personas naturales o jurídicas que mantienen un contrato de suministro con una empresa eléctrica de distribución y comercialización (en adelante, “Consumidores Regulados”).

El procedimiento para instalar y operar un SGDA se realiza ante la empresa eléctrica de comercialización y distribución (en adelante, la “Distribuidora”) en cuya área de servicio se encuentre el Consumidor Regulado.

La Regulación establece las siguientes características principales de un SGDA:

• Su potencia nominal está limitada según inyecte o no energía eléctrica a la red de distribución.  En el primer caso, la potencia se limita a 2MW. En el segundo, se limita por la demanda de potencia máxima registrada del Consumidor Regulado asociado al SGDA y la capacidad de conexión aprobada por la Distribuidora.
• En ambos casos se permite utilizar equipos para almacenamiento de energía.
• Puede operar bajo las siguientes modalidades de autoabastecimiento:

Individual Múltiple El SGDA y el Consumidor Regulado están ubicados en el mismo inmueble. El SGDA y los Consumidores Regulados están ubicados en un mismo inmueble constituido en condominio o bajo régimen de propiedad horizontal. El SGDA y el Consumidor Regulado están ubicados en diferentes inmuebles. El inmueble en donde se ubique el Consumidor regulado no debe estar constituido en condominio o declarado bajo régimen de propiedad horizontal. El SGDA está ubicado en un inmueble y los Consumidores Regulados están concentrados en otro inmueble constituido en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal. El SGDA y los Consumidores Regulados están ubicados en diferentes inmuebles., y estos últimos pertenecen a la misma persona jurídica.

El plazo durante el cual un Consumidor Regulado puede operar un SGDA depende de la vida útil de tecnología de generación empleada, que se limita conforme se detalla a continuación:

Tecnología Vida útil (años) Fotovoltaica 25 Eólica 25 Biomasa 20 Biogás 20 Hidráulica 30

Mario Fernández, Associate at CorralRosales
mfernandez@corralrosales.com
+593 2 2544144

La Corte Constitucional, mediante sentencia en  el Caso 51-23-IN, de 9 de noviembre de 2023,  notificada el 17 del mismo mes , declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754, por considerar que  transgrede la norma constitucional   de reserva de ley.

Los efectos de la sentencia  serán diferidos  hasta que la Asamblea Nacional emita la ley correspondiente. Por tanto , el decreto 754 puede ser aplicado para llevar a cabo los Procesos de Participación Ciudadana para la Consulta Ambiental, siempre que en dichos procesos se apliquen  los lineamientos y estándares determinados por la Corte, en los párrafos 196 al 205 de la mencionada decisión.

Entre  los lineamientos y estándares , se destacan los siguientes:

Respecto de los sujetos consultados, el decreto 754 determina que son la comunidad o comunidades, independientemente de su etnicidad, cuyo medio ambiente pueda ser afectado por cualquier decisión o permiso en materia ambiental, lo cual será determinado según el área de influencia social directa de la decisión o permiso. También se podrán considerar sujetos consultados a aquellas personas que de forma fundamentada, técnica y/o legal,  demuestren la afectación ambiental que podría generarles.   El sujeto consultado  deber ser determinado de manera amplia y representativa, por lo que debe incluirse en el proceso a toda  persona que considere, de manera fundamentada, que la medida le afecta.  El análisis de afectación directa  no  debe exigir requisitos técnicos de difícil cumplimiento para que una comunidad sea considerada potencialmente afectada.

En cuanto  al financiamiento, mientras el decreto 754 determina que los costos o valores requeridos   por   el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental serán asumidos por el operador del proyecto, obra o actividad, y que este prestará las facilidades y recursos necesarios para le ejecución de dicho proceso,  la Corte determina que  el Estado  no podrá  delegar el proceso de consulta ambiental, en ningún aspecto (e.i. provisión de insumos o financiamiento) al operador del proyecto, obra o actividad a realizarse.

La Defensoría del Pueblo está obligada a impulsar  los proyectos de ley sobre consulta ambiental que haya presentado y que estén en trámite en la Asamblea, o que, en su defecto, a preparar  un proyecto de ley que regule la materia l. . También dispone que  la Asamblea Nacional  apruebe, en el plazo de un año, contado desde   el impulso o de la presentación del nuevo proyecto.

Finalmente, destaca la Corte, que el proceso de consulta ambiental no debe ser confundido con el de consulta previa, libre e informada, por lo que el contenido del decreto 754 no deberá ser aplicado a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Carlos Torres, Senior Associate at CorralRosales
ctorres@corralrosales.com
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El 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional emitió la sentencia 58-11-IN/22 mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado por contravenir el principio de unidad de materia.

La Corte Constitucional dispuso el diferimiento de los efectos de la sentencia hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de evitar un vacío normativo grave en materia impositiva y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Nacional presentaron a la Corte Constitucional información para verificar el avance de las reformas necesarias para evitar dicho vacío.

En consecuencia, la Corte Constitucional mediante auto de verificación 58-11-IN/23 de 1 de noviembre del año en curso amplió el plazo de vigencia de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta ampliación del plazo es aplicable solamente para aquellas normas que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.

Entre las normas que se mantienen vigentes resaltamos:

1. El numeral 18 del artículo 10 de la ley de Régimen Tributario Interno que regula la deducibilidad de los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta; y,
2. El artículo innumerado agregado a continuación del artículo 162 de la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador que regula el derecho a crédito tributario para el pago de impuesto a la renta por el impuesto a la salida de divisas (ISD) pagado en la importación de materia prima, insumos y bienes incorporados en procesos productivos.

 

Andrea Moya, partner at CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

El 6 de noviembre de 2023 el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo número 904 mediante el cual se emite el Reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante el “Reglamento”).

A continuación, resaltamos los puntos más importantes:

I. Definiciones:

El Reglamento incorpora definiciones relevantes para la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante “LOPDP”). De dichas definiciones destacamos el término “tratamiento a gran escala” que comprende el tratamiento de datos que afecta a un gran número de titulares. Para determinar que existe un “tratamiento a gran escala” se deberá considerar el número de titulares, el volumen y variedad de datos, la duración o permanencia de la actividad de tratamiento y el alcance geográfico.

Específicamente el Reglamento considera como “tratamiento a gran escala” los siguientes:

1. 1. Datos de pacientes de hospitales e instituciones de salud.
   2. Datos de desplazamiento de personas que utilizan el sistema de transporte público.
   3. Datos de geolocalización en tiempo real.
   4. Datos de clientes de compañías de seguros o de instituciones financieras.
   5. Datos para publicidad comportamental por un motor de búsqueda.
   6. Datos de contenido, tráfico y ubicación por proveedores de servicios de telefonía o internet.

II. Obligaciones de los responsables y encargados que se encuentren fuera del territorio ecuatoriano:

Los responsables y encargados del tratamiento de datos personales que no estén establecidos en Ecuador y que traten datos personales de residentes en Ecuador deberán designar un apoderado especial en el país.

III. Evaluación de impacto del tratamiento de datos personales:

La LOPDP establece la obligación de realizar una evaluación de impacto del tratamiento de datos personales cuando se identifique que dicho tratamiento conlleva un alto riesgo para los derechos y libertades del titular.

El Reglamento define a la evaluación de impacto como un análisis preventivo mediante el cual, el responsable, valora el impacto real del tratamiento de datos.

La evaluación de impacto deberá ser presentada ante la Autoridad de Protección de Datos y contendrá los siguientes elementos:

1. 1. La descripción de las operaciones y finalidades del tratamiento;
   2. La justificación de la necesidad de llevar a cabo el tratamiento;
   3. Evaluación de riesgos a los derechos de los titulares; y,
   4. Las medidas de seguridad para hacer frente a los riesgos.

IV. Registro de Actividades de Tratamiento:

Se encuentran obligados a contar con un Registro de Actividades de Tratamiento, los responsables del tratamiento de datos personales que cuenten con 100 o más colaboradores, los responsables que traten categorías especiales de datos personales y aquellos encargados del tratamiento de datos cuando el responsable esté obligado a contar dicho registro.

El Registro deberá contener:

1. 1. Nombre y datos de contacto del responsable;
   2. Fines del tratamiento;
   3. Categorías de destinatarios a los que se han comunicado los datos;
   4. Categorías de datos personales de los titulares;
   5. Uso de perfiles;
   6. Transferencias internacionales;
   7. Bases legitimadoras;
   8. Plazos de retención de los datos; y,
   9. Descripción general de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas.

V. Delegado de protección de datos:

Podrán ser delegados de protección de datos personales (en adelante “DPO”) aquellas personas que tengan título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías; y, acrediten experiencia profesional de mínimo 5 años.

El DPO podrá realizar otras actividades relacionadas a protección de datos que no supongan un conflicto con las responsabilidades inherentes a sus actividades.

Se podrá contratar al DPO bajo relación de dependencia o a través de un contrato de prestación de servicios.

Aquellos responsables o encargados que no estén obligados a designar un DPO pueden hacerlo de manera voluntaria. Esto será considerado una buena práctica y prueba del cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva.

VI. Responsabilidad conjunta:

Se consideran responsables conjuntos a aquellos responsables del tratamiento de datos que tengas los mismos fines y medios. Estos responsables conjuntos definirán sus tareas y responsabilidades en materia de protección de datos a través de un contrato, al que los titulares de los datos podrán tener acceso si así lo requieren.

VII. Transferencias internacionales:

La Autoridad de Protección de Datos definirá los países u organizaciones que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos para la ejecución de transferencias internacionales de datos personales.

Si el país o la organización a la cual se realiza la transferencia internacional de datos no ha sido calificado por la Autoridad, solo será admisible el envío si existen ciertos instrumentos jurídicos que sustenten la transferencia.

El Reglamento establece los siguientes criterios para determinar si un país u organización posee un nivel adecuado de protección de datos:

1. 1. Legislación y normativa sectorial del país en protección de datos.
   2. Normativa ulterior de datos personales por parte de las autoridades.
   3. Jurisprudencia en protección de datos.
   4. Reconocimiento de derechos y mecanismos para su ejercicio en favor de los titulares de datos.
   5. Establecimiento de derechos y deberes de los responsables y encargados de tratamiento.
   6. Autoridad independiente y autónoma.
   7. Compromisos internacionales asumidos por el país u organización en materia de protección de datos personales.
   8. Legislación en materia de seguridad nacional, pública, y en general aquella que tenga relación con la defensa y seguridad del Estado.

En el Registro Nacional de Protección de Datos se registrará:

1. 1. El país donde se ubica el destinatario de los datos;
   2. Las categorías objeto de la transferencia;
   3. Las finalidades de la transferencia;
   4. Los datos de identificación del destinatario; y,
   5. El mecanismo de autorización o criterio de excepción para realizar la transferencia.

VIII. Vulneraciones de seguridad:

El Reglamento establece que se deben notificar las vulneraciones de seguridad a la Autoridad de Protección de Datos y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los siguientes casos:

1. 1. Cuando los datos personales fueron destruidos, no existen o dejan de estar disponibles para el responsable;
   2. Cuando los datos personales fueron alterados, corrompidos o no son íntegros;
   3. Cuando el responsable ha perdido el control o acceso, o los datos personales ya no están en su poder;
   4. Cuando el tratamiento no ha sido autorizado o es ilícito, incluyendo la divulgación o acceso no autorizados por parte de destinatarios.

El Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial.

   

Rafael Serrano, associate at CorralRosales
rserrano@corralrosales.com
+593 2 2544144

Sofía Rosales, asociada en CorralRosales
srosales@corralrosales.com
+593 2 2544144

Mediante Resolución JPRF-F-2023-076 (la “Resolución”), emitida el 11 de septiembre de 2023 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 402 de 22 de septiembre de 2023, la Junta de Política y Regulación Financiera (“JPRF”) publicó la “Norma que regula las entidades de servicios financieros tecnológicos”.

Su objetivo es reglamentar la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (“Ley Fintech”).

Todas las entidades que prestan actividades financieras centradas en la tecnología digital y electrónica deberán:

1. Sujetarse a las regulaciones, que sean emitidas por la JPRF y la Superintendencia de Bancos, relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo; y,
2. Designar un oficial de cumplimiento titular y suplente, que ejercerán sus funciones al menos a tiempo parcial.

La Resolución regula particularmente a las entidades de concesión digital de créditos, que son aquellas entidades que proveen crédito exclusivamente a través de plataformas electrónicas.

Estas entidades no podrán captar recursos del público con la finalidad de intermediación, y deberán constituir provisiones para los diferentes segmentos de crédito según los porcentajes establecidos en la Resolución.

Además, deberán considerar y cumplir con las siguientes disposiciones para operar:

i.    Constituirse con un capital mínimo de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.000).

ii.    Calificarse ante la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de las disposiciones que dicha autoridad establezca para el efecto y que contemplarán elementos de evaluación enfocados en administración de riesgos, ciberseguridad y seguridad de la información.

iii.    Sujetarse a la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos.

iv.    Otorgar crédito directo a todos los segmentos de crédito establecidos en la normativa aplicable, incluyendo tarjetas de crédito.

v.    Aplicar un proceso de evaluación de la capacidad de pago de los clientes para lo que deberán contar con su historial crediticio.

vi.    Efectuar los desembolsos mediante transferencias desde cuentas de la entidad abiertas en el sistema financiero nacional.

vii.    Garantizar los derechos y la protección de los usuarios financieros en consideración de las normas establecidas en la Resolución y en la normativa aplicable.

viii.    Cumplir en lo que respecta a la calificación de cartera, novación, refinanciamiento, reestructuración y castigo de las obligaciones con las normativas establecidas en esta materia para las entidades financieras.

ix.    Establecer un comité de gestión de riesgos que deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la gestión de riesgo de la entidad.

x.    Designar a un funcionario responsable de la Gestión de la Seguridad de la Información que gestione las políticas, objetivos y procesos que resguarden la seguridad de la información de la entidad.

Hasta el 22 de noviembre de 2023 la Superintendencia de Bancos deberá establecer los requisitos para la calificación de las entidades de concesión digital de créditos.

                                                                                                               

Juan Fernando Riera, asociado de CorralRosales
jriera@corralrosales.com
+593 2 2544144

 

Mediante Resolución SENAE-SENAE-2023-0080-RE, emitida el 27 de septiembre de 2023 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 412 del 6 de octubre de 2023, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador flexibilizó los plazos para presentar solicitudes de regularización de inventarios por faltantes de mercancías identificados después de transmitida la declaración aduanera de importación (DAI) y realizado el levante.

Se permite al importador la disminución de las cantidades declaradas en una DAI sujeta a compensación cuando se haya identificado que las mercancías no están físicamente. Para el efecto, el importador debe presentar una solicitud de regularización de inventarios adjuntando los siguientes documentos:

1. Declaración juramentada con el detalle las mercancías que no arribaron al país; y,
2. Documentos que justifiquen la causa del faltante.

La solicitud de regularización puede presentarse en los siguientes momentos:

1. Dentro del término de 15 días improrrogables contados desde la fecha de levante de las mercancías. El SENAE dispondrá el pago de tributos y resolverá la regularización.

 

1. Fuera del término de 15 días, pero dentro del plazo de permanencia de las mercancías sujetas al régimen aduanero. El SENAE dispondrá el pago de tributos, resolverá la regularización e impondrá una multa por falta reglamentaria según lo establecido en el artículo 193(d) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).

 

1. Fuera del plazo de permanencia de las mercancías sujetas al régimen aduanero. El SENAE dispondrá el pago de tributos, resolverá la regularización e impondrá una sanción por incumplimiento de los plazos de permanencia.

Si el SENAE identifica que el importador incluyó información falsa en la declaración juramentada, iniciará las acciones penales que correspondan en contra del importador de acuerdo con el Código Integral Penal.

Finalmente, la Disposición Transitoria Séptima permite a los importadores cuyas solicitudes de regularización haya sido rechazada, presentar una nueva solicitud de regularización acogiéndose a las disposiciones de la Resolución SENAE-SENAE-2023-0080-RE dentro del término de 60 días contados a partir de su expedición.

En el siguiente enlace se puede revisar el texto completo de la Resolución:

                                                                                                                 

       

Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144

               Fernanda Inga, asociada senior de CorralRosales
finga@corralrosales.com
+593 2 2544144

El 23 de agosto de 2023 el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo No. 850, que contiene el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. En lo principal, el nuevo Reglamento:

• Incorpora las normas para la autorregulación de los medios de comunicación.
• Determina las reglas para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
• Crea el Mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, como una instancia técnica estatal encargada de adoptar medidas para el efecto. El mecanismo está conformado por los Ministerios de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Mujer y Derechos Humanos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Fiscalía General del Estado, un representante de los trabajadores de los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios y un representante de la sociedad civil.
• Modula la prohibición de difusión de publicidad importada establecida en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, al determinar que la publicidad producida en países miembros de los tratados y convenios de integración de los que Ecuador sea parte tendrá la calidad de nacional. Esto implica que se permite la difusión de publicidad producida en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, (Colombia, Perú y Bolivia); y de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Perú y Surinam).
• Prohíbe la difusión de publicidad de todo tipo de sistema de apuestas o predicciones deportivas.

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, lo que no ha ocurrido hasta el momento de publicación de este boletín.

 

Ana Samudio, asociada senior de CorralRosales
asamudio@corralrosales.com
+593 2 2544144

Mediante la Resolución No. CPT-RES-2023-00-1 emitida el 31 de julio de 2023, el Comité de Política Tributaria (en adelante el “CPT”) reformó el listado de materias primas, insumos y bienes de capital cuya importación está sujeta al pago de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) pero puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta.

En el siguiente enlace constan las subpartidas que se incluyen y aquellas que se excluyen del listado:

CPT-RES-2023-001

La inclusión de las subpartidas rige desde el 1 de enero de 2023 y la exclusión de subpartidas rige a partir del 1 de agosto de 2023.

 

Especialista en Derecho Tributario
Andrea Moya, socia de CorralRosales
amoya@corralrosales.com
+593 2 2544144