WTR World Trademark Review – Empresas extranjeras como titulares de Propiedad Intelectual en el Ecuador

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FECHA: 14 de julio de 2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Andrea Miño Moncayo 

El día 14 de julio 2021 el medio especializado en asuntos de Propiedad Intelectual, WTR – World Trademark Review publicó un artículo escrito por Andrea Miño Moncayo, donde nuestra asociada comenta sobre un problema muy común en el Ecuador, en cuanto a la apropiación de marcas reconocidas internacionalmente por parte de terceros.

Esto suele concretarse mediante solicitudes de registro ante la autoridad relevante e incluso comercializando productos bajo estas marcas sin la debida autorización.

Los argumentos de los infractores son variados, y particularmente destacan que las empresas extranjeras en cuestión no tienen domicilio en el país, por lo que no podrían realizar actividades, y tampoco defender derechos, en este caso relativos a su propiedad intelectual.

Miño Moncayo destaca en el artículo que, “para tratar de justificar esta conducta (manifiestamente ilegal), algunos abogados han recurrido a alegar -erróneamente- ante los tribunales que se aplicará la doctrina de la Superintendencia de Compañías, según la cual una compañía constituida en el extranjero debe estar domiciliada en el Ecuador para poder realizar actividades en el país.”

La autora hace luego un recorrido sobre las normas internacionales y locales aplicables en este caso, incluyendo la jerarquía de cada una de ellas, para demostrar que la apropiación y uso de estas marcas es ilegal y no está justificada dentro del ordenamiento legal ecuatoriano.

Finaliza destacando que “es fundamental que las resoluciones preliminares emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en estos casos sean específicas y claras, para evitar que argumentos erróneos causen perjuicios a los derechos de las empresas extranjeras no domiciliadas en el Ecuador.”

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Latin Lawyer – Múltiples firmas apoyan a empresa holandesa dedicada a la pintura en su expansión por América Latina.

Latin Lawyer

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FECHA: 16 de julio de 2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Socios: Xavier Rosales and Andrea Moya

Asociados en Quito: Milton Carrera, Ana Samudio, Marta Villagómez, Rafael Serrano, María Isabel Torres, Jimmy Rodríguez, Darío Escobar y Sofía Rosales

Asociados en Guayaquil: Ramón Paz y Miño y Edgar Bustamante 

MEDIO: Latin Lawyer

El medio internacional dedicado al sector legal Latin Lawyer comparte el día 16 de julio de 2021 la transacción que involucra a la empresa holandesa AkzoNobel, especializada en pintura decorativa e industrial y productos químicos especializados, en la cual CorralRosales actuó como asesor legal en el Ecuador.

En esta transacción multinacional, que tuvo su cierre el día 29 de junio pasado, AkzoNobel adquiere el Grupo Orbis, conglomerado empresarial colombiano que opera en 16 países de América Latina, con varias compañías subsidiarias dedicadas a la pintura y productos químicos derivados.

La transacción aún tiene pendiente la aprobación regulatoria en varios países, y espera ser finalizada hacia finales de este año.

Además de contar con el asesoramiento de CorralRosales en el Ecuador, las siguientes firmas colaboraron en la transacción:

Asesores de AkzoNobel: Baker McKenzie en Colombia, Arias en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Asesores de Grupo Orbis: Posse Herrera Ruiz en Colombia, BLP en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y Robalino Law en Ecuador.

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Correcciones normativas de Propiedad Intelectual, medidas en frontera y penalización

Correcciones normativas de Propiedad Intelectual, medidas en frontera y penalización - CorralRosales - Abogados Ecuador

La Asamblea Nacional dio paso a la objeción parcial emitida por el Ejecutivo, aprobando de esta forma la “Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito para Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico”, la cual prevé reformas en materia de propiedad intelectual.

En particular, esta reforma incluye disposiciones referentes a: (i) los delitos de propiedad intelectual, su sanción y su tratamiento, ampliando los hechos punibles; y (ii) el proceso de medidas en frontera.

I. Delitos de Propiedad Intelectual

El veto del Ejecutivo buscó corregir ciertas incoherencias y errores de redacción en el texto aprobado por la Asamblea, detallando de mejor manera las conductas delictivas, las condiciones que se deberán tener en cuenta para apreciar la existencia del delito y la forma en que se trata y juzga estos delitos.

La reforma a la ley penal Si se refiere al COIP será preferible nombrarlo establece que, para que estas conductas sean consideradas como delitos, deben incluir varios elementos que lo diferenciarían de una infracción “simple” de derechos de propiedad intelectual, pues condiciona su sanción a que la infracción suceda en conocimiento del hecho, que tenga un fin lucrativo y que sea a escala comercial.

Con estos condicionamientos, incluye como infracción penal y sanciona a quien: fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.

También  sanciona a quien separe, arranque, remplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, con el fin de utilizarlos en productos de distinto origen; rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena; almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte productos amparados por una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, una obtención vegetal (incluyendo su material de reproducción, propagación o multiplicación) o un esquema de trazado.

Incluye también las posibles infracciones -que de nuestra experiencia, conformarán la gran mayoría de las acciones penales de propiedad intelectual- que se inicien en contra de quien:  almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo o una denominación de origen registrados en el país, aclarando que deberá existir conexión competitiva entre los productos o servicios infractores y los que identifican las marcas registradas.

Adicionalmente, se elimina la condición de un monto mínimo para que constituya  delito , aclarando que para que la conducta infractora sea considerada como delito (a escala comercial), deberá considerarse la magnitud, valor económico, cantidad y el impacto en el mercado, especificando que en casos de comercio exterior, existirá delito cuando los bienes sean valorados en más de 50 salarios básicos unificados (SBU)- US$ 20.000 a la fecha- disponiendo que para esta valoración, se deberá tener en cuenta el costo del producto original.

En cuanto a las sanciones , se establece pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año, comiso (de los productos incautados) y multa de 8 hasta 300 SBU (US$ 3.200 a US$ 120.000 a la fecha). Se restituye como agravante de la infracción penal: (i) el haber recibido apercibimiento de la infracción; (ii) que los objetos materia de la salud provoquen daños a la salud; y (iii) que se cometa respecto de obras inéditas.

En materia de derechos de autor, en la que aplican los mismos condicionamientos descritos, se sanciona con la pena señalada  en el párrafo anterior a las siguientes conductas: alteración o mutilación de una obra; la inscripción, publicación, distribución, comunicación o reproducción de una obra ajena como propia; reproducción no autorizada o en un número mayor al autorizado de la obra, siempre que el perjuicio sea mayor a los 50 SBU (US$ 20.000 a la fecha); comunicación pública de obras o fonogramas; introducción al país, almacenaje, ofrecimiento en venta, venta, arrendamiento o puesta en circulación de reproducciones ilícitas de obras, por cualquier medio; retransmisión no autorizada de emisiones de radiodifusión, televisión y en general cualquier señal que se transmita por el espectro radioeléctrico; fabricación, importación, exportación, venta o arrendamiento de dispositivos, sistemas o software que permitan descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas o en general de telecomunicaciones.

La reforma aclara- de manera muy necesaria- ciertas condiciones sobre el delito, tales como la precisión del significado del término “escala comercial” y la forma de valoración de los productos.

También se incluyen disposiciones sobre el destino de los productos incautados, que podrán  ser adjudicados gratuitamente para cubrir necesidades sociales por parte del Estado o destruidos, siempre que cuenten con el informe de un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura, y aclara que se deberán destruir o inutilizar “los aspectos de los mismos que violenten o transgredan la propiedad intelectual, siempre y cuando esta acción no perjudique la naturaleza o la funcionalidad de la mercancía”.

Finalmente, se determina que en estos cabe la conciliación como mecanismo de resolución de disputas.

En conclusión, la reforma es positiva porque busca una mayor agilidad en la tramitación y juzgamiento de los delitos de propiedad intelectual.

II. Medidas en Frontera

Después de casi 5 años de un vacío legal en esta materia, el veto del  Ejecutivo, aceptado por la Asamblea, corrigió también el inadecuado texto aprobado por el Legislativo y devuelve al país el sistema “mixto” para la ejecución de medidas en frontera, pues permite  l Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), ser el primer filtro en el ingreso o salida del país de productos infractores suspendiendo el proceso aduanera provisionalmente, misma que tiene que ser confirmada por parte de la oficina local de propiedad intelectual

La reforma faculta al SENAE: (i) suspender el procedimiento aduanero de productos que, de cualquier modo, violenten derechos de propiedad intelectual, (ii) alertar a los titulares de estos derechos, y (iii) entregar información adecuada para actuar en estos casos.

La suspensión del proceso aduanero inicialmente será de 5 días, tiempo en el cual se deberá comunicar dicha suspensión al importador, al titular del derecho y a la oficina local de propiedad intelectual, la que tendrá el término de 3 días para pronunciarse a través de resolución.

Se mantiene la obligación de entregar información suficiente a la autoridad de propiedad intelectual sobre los productos infractores y las condiciones de la infracción , así como la posibilidad de realizar una inspección de los productos involucrados.

La autoridad podrá sancionar al infractor con un valor que oscila entre 1,5 y 142 SBU (US$ 600 a 56.800 a la fecha).

En concordancia con la normativa de la Comunidad Andina, la reforma dispone que se inicie una acción principal -administrativa, civil, o penal, a elección del titular del derecho- cuando se haya confirmado la adopción de la medida en frontera. Si bien en esta reforma existe una contradicción con la norma supranacional en cuanto al termino para presentarla (10 días), ésta prevalece, Los titulares de derechos de propiedad intelectual tendrán una preponderante actuación en estos casos, pues deben participar activamente, tanto en las actuaciones penales, como en los casos de medidas en frontera, acompañando a las autoridades en todas las etapas.

Se mantiene la posibilidad de exigir a quien solicita la adopción de una medida en frontera, que rinda garantía o caución que será proporcional al posible impacto económico y comercial generado por la suspensión, para proteger al importador o exportador de un posible caso de abuso de derecho.

Esta reforma corrige elementos que han provocado un notable incremento de   las infracciones de propiedad intelectual en Ecuador, y que han llevado a iniciar acciones en contra de minoristas o pequeños comerciantes, y han dejado impunes a los importadores o mayoristas que son los principales beneficiarios del comercio ilícito.

La norma entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Eduardo Ríos
Asociado en CorralRosales
eduardo@corralrosales.com

Industria Legal – La industria del cannabis y el cáñamo genera expectativa en Ecuador

Industria Legal - La industria del cannabis y el cáñamo genera expectativa en Ecuador - CorralRosales - Abogados Ecuador

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FECHA: 02-07-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Felipe Samaniego

Diciembre de 2019 fue un mes de cambios legales en Ecuador. Se publicó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, pero no fue hasta junio de 2020 cuando entró en vigor, reformando la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. La revista Industria Legal dedica una página a la información ofrecida acerca de este asunto por nuestro socio experto en Derecho Regulatorio, Felipe Samaniego, ya que esta reforma dio paso a la nueva industria del cannabis y el cáñamo en Ecuador.

Entre las novedades se encuentran la exclusión de las sustancias sujetas a fiscalización al cannabis y al cáñamo con menos del 1% de THC en peso seco y una duración de 120 días de plazo para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería emita la regulación correspondiente.

No solo eso, también, mediante este acuerdo, se establecen nuevos lineamientos aplicables al régimen de siete licencias, diferentes para cada actividad permitida en la industria del cannabis no psicoactivo, cáñamo y cáñamo de uso industrial, “desde la importación y producción de semillas hasta la producción y exportación de derivado, biomasa y/o flor”, según añade Samaniego.

Para finalizar su artículo, nuestro experto añade que “el rápido desarrollo del marco normativo que regula las actividades de las actividades agroindustriales, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, generó que tanto el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) como la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) emitan los cuerpos normativos que regulen productos terminados destinados a uso y consumo humano y veterinario que lleven derivados de cannabis no psicoactivo o cáñamo en su composición”.

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PharmaBoardroom – Industria emergente del cannabis y el cáñamo en Ecuador

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FECHA: 28-06-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Felipe Samaniego

Con la Reforma de la Ley Penal, promulgada ahora hace un año, la industria del cannabis y el cáñamo industrial se ha convertido en una industria emergente en el Ecuador, y sobre ello escribe nuestro socio Felipe Samaniego para Pharma Boardroom.

Samaniego comienza el artículo escribiendo sobre las novedades, ya que ahora entre las reformas se incluye la despenalización de la posesión de drogas que contentan cannabis o derivados como principio activo para uso terapéutico, paliativo, medicinal o para la práctica de la medicina alternativa.

Con el cambio, también se ve modificada la Ley de Control y Prevención del Uso de Drogas, que ahora excluye del control el cannabis no psicoactivo o de cáñamo.

Fue el 19 de octubre de 2020 cuando el Ministerio de Agricultura emitió el Acuerdo Ministerial No. 109-2020, que regula la Importación, Siembra, Cultivo, Cosecha, Post-cosecha, Almacenamiento, Transporte, Procesamiento, Comercialización y Exportación del cannabis no psicoactivo o cáñamo y cáñamo para su uso industrial.

Añade Samaniego que “este reglamento establece los requisitos que deben cumplirse en otros para obtener los siete tipos de licencias, que autorizan las siguientes actividades solo en lo que respecta al cannabis o cáñamo con una concentración de THC inferior al 1%:

  1. Licencia para la Importación y Comercialización de Cannabis No Psicoactivo o Semillas o Esquejes de Cáñamo, o Semillas de Cáñamo para Uso Industrial.
  2. Licencia para la Importación y Comercialización de Cannabis No Psicoactivo o Semillas de Cáñamo, o de Cannabis No Psicoactivo o Esquejes de Cáñamo o Semillas de Cáñamo para Uso Industrial.
  3. Licencia para el cultivo de cannabis o cáñamo no psicoactivo.
  4. Licencia para el cultivo de cáñamo para uso industrial.
  5. Licencia para el procesamiento de cannabis no psicoactivo o cáñamo y producción de cannabis no psicoactivo o derivados del cáñamo.
  6. Licencia para Bancos e Investigación de Mejoramiento Vegetal y / o Germoplasma.
  7. Licencia para la Adquisición de Cannabis No Psicoactivo o Derivados del Cáñamo y / o Biomasa o Flores, o Biomasa de Cáñamo para Uso Industrial, para Exportación.”

Esto generó, nada más llevarse a cabo, que el Ministerio de Salud y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria tuvieran que desarrollar una normativa aplicable a los productos terminados. La situación se dio así dado que la Ley Penal “también abrió la puerta a la producción e importación de producto terminado”, según afirma nuestro socio.

Añade, también, que a finales de febrero de este año 2020, “la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia de la Salud emitió una resolución con la ‘Normativa Técnica Sanitaria para la regulación y control de productos de uso y consumo humano que contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo, o sus derivados’.” Esta resolución hace posible la producción, importación y comercialización de manera legal de los siguientes productos terminados con la concentración de THC especificada en cada categoría:

  • Menos de 1% de THC: productos farmacéuticos generales, naturales procesados para uso medicinal y homeopáticos. También productos cosméticos y dispositivos médicos; productos higiénicos para uso industrial; plaguicidas para uso doméstico, para la salud pública o para uso industrial; productos para la higiene del hogar y absorbentes para la higiene personal.
  • Menos del 0,3% de THC: alimentos procesados y complementos alimenticios.

El pasado 26 de febrero también se emitió el Acuerdo Ministerial No. 148-2021 tras una reunión de expertos en la que se desarrolló el reglamento para la prescripción, provisión y uso terapéutico de cannabis medicinal y productos farmacéuticos que contengan cannabinoides.

Concluso Samaniego aportando que cabe destacar que “el marco regulatorio del cannabis/cáñamo se ha movido bastante rápido en Ecuador y ha abierto los ojos a muchos inversores locales e internacionales. Las autoridades son conscientes de lo que esta industria puede generar al país en materia de investigación e inversión, por lo tanto, siempre y cuando los jugadores cumplan con todas las reglas, podrán desarrollar una mirada de productos, ya que en Ecuador, por ahora, es el único país de la región que ha mostrado tanta apertura; y, como consecuencia, se espera que se convierta en un grupo de investigación y desarrollo de productos de cannabis y cáñamo que se venderán en todo el mundo”.

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Creación de directorios de las autoridades portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas

Creación de directorios de las autoridades portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas - CorralRosales - Abogados Ecuador
Mediante Decreto Ejecutivo 78 del 15 de junio de 2021, el Presidente de la República creó los directorios de las Autoridades Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas.

Los directorios estarán conformados de la siguiente manera:

1. Miembros del directorio: 

  1. Un vocal designado por el Presidente de la República quien lo presidirá
  2. Un vocal designado por el Comandante General de la Armada del Ecuador que reemplazará al presidente del directorio en caso de ausencia
  3. Un vocal designado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
  4. Un vocal designado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y
  5. Un vocal designado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

La Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas actuará como secretario de los directorios. Los vocales son funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Corresponde al Presidente de la República nombrar a los gerentes de las Autoridades Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas.

2. Funciones del directorio (art. 8 de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional):

  1. Presentar anualmente un informe a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral –actual Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas– de las actividades realizadas en el ejercicio económico anterior.
  2. Designar a los Jefes Departamentales entre los candidatos sugeridos por el Gerente.
  3. Conocer y aprobar los Estados Financieros, balances, y otros informes de la Entidad.
  4. Aprobar los Reglamentos de Servicios Portuarios, manuales de organización, orgánicos de personal y demás reglamentos pertinentes, tomando como base los anteproyectos presentados por el Gerente; y formular los reglamentos de aplicación uniforme a todas las Entidades Portuarias, a ser puestas en consideración de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral –actual Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
  5. Autorizar al Gerente la celebración de contratos, inversiones, adquisiciones, estudios y otros actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Entidad, cuyo monto requiere del Concurso de Ofertas, sujetándose a la Ley de Licitaciones –actual normativa de contratación pública– y al Presupuesto aprobado.
  6. Resolver en segunda instancia las reclamaciones de los usuarios, en todo lo concerniente a servicios portuarios.
  7. Las demás determinadas en la Ley General de Puertos y en los estatutos respectivos.

3. Responsabilidad de los miembros del directorio (art. 11 de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional):

Son responsables civil y penalmente, en forma personal y solidaria, por todos los actos o resoluciones que perjudiquen a los intereses de la Entidad y que hayan sido tomados con su voto. De manera especial responden por las decisiones que contravinieren a la política Portuaria y las resoluciones emanadas de las autoridades superiores. El gerente y los funcionarios de la Entidad responderán igualmente por su participación en tales actos.

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NOTA: El texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma en Quito / Guayaquil, Ecuador.

CORRALROSALES

Nueva metodología para determinación del importe de multas por el cometimiento de infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

Nueva metodología para determinación del importe de multas por el cometimiento de infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado - CorralRosales - Abogados Ecuador
Se publicó en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial 465, el 3 de junio de 2021, la Resolución SCPM-DS-2021-19 emitida por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (“SCPM”), que contiene la nueva metodología para la determinación del importe de multas por el cometimiento de infracciones a la Ley orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (la “LORCPM”, y la “Resolución de Cálculo de Multas”, según corresponda).

Junto con otras modificaciones introducidas en el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (“RALORCPM”) el pasado mes de diciembre, se devolvió a la SCPM la facultad de regular la determinación del importe de multas. Hasta esta reforma, la determinación del importe de multas estaba regulada por la Resolución No. 012 de la Junta de Regulación y Control del Poder de Mercado (la “Resolución 012”).

Si bien este nuevo modelo de cálculo se basa en los mismos principios que la Resolución 012, busca mayor claridad en la aplicación y mayor predictibilidad -y posibilidad de verificación- de las multas en caso de infracción a la LORCPM. Las fórmulas de cálculo incorporadas en la Resolución de Cálculo de Multas siguen revistiendo cierto nivel de complejidad, pero cada término consta claramente definido, lo que permitirá la contrastación por parte del operador sancionado.

La Resolución de Cálculo de Multas busca transmitir un efecto disuasorio en los operadores económicos a través de la aplicación de multas exponenciales, de manera que las multas de los actos anticompetitivos de mayor gravedad sean proporcionales y marcadamente mayores a aquellas aplicables a las infracciones más leves.

La resolución comentada determina los siguientes criterios para el cálculo:

  1. Volumen de negocios en el mercado relevante
  2. Grado de participación en el mercado relevante
  3. Temporalidad
  4. Dimensión del mercado relevante
  5. Concentración del mercado y estado de competencia
  6. Determinación geográfica segmentada por provincia o a nivel nacional
  7. Efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores
  8. Beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción
  9. Proporción
  10. Ponderación
  11. Daño a la competencia
  12. Subsidiariedad
  13. Circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada uno de los investigados/responsables.

Y como parámetros de calibración, la calificación de gravedad según la LORCPM (leve, grave o muy grave) y reglas específicas para los casos de acuerdos y prácticas restrictivas por objeto y por colusión (en licitaciones, subastas, remates, concursos y similares).

Dentro de los parámetros novedosos de la metodología resaltamos la inclusión de un criterio ponderador diferenciado por cada una de las provincias afectadas por la conducta infractora.

Adicionalmente, la Resolución de Cálculo de Multas introduce la regulación de multas aplicables a las siguientes circunstancias/conductas, que constan determinadas en el artículo 79 de la LORCPM :

  • Sanciones a representantes legales o integrantes de los órganos directivos del operador económico infractor.
  • Casos de no entrega de información, de entrega de información incompleta y de entrega de información incorrecta.
  • Cálculo del importe de multas coercitivas, en función de los días de retraso en el cumplimiento de lo exigido por la Autoridad.
  • Cálculo del importe de multas por obstrucción de inspecciones.
  • Multas por incumplimiento de una resolución.

La Resolución de Cálculo de Multas es aplicable en los procedimientos sancionadores que se inicien con posterioridad a su publicación en el Registro Oficial (3 de junio de 2021). Los procedimientos sancionadores que se encuentren en etapa de investigación o sanción se regirán por la norma vigente al momento de su inicio.

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CORRALROSALES

LexLatin – Cambio de Gobierno ecuatoriano: oportunidades de inversión

LexLatin - Cambio de Gobierno ecuatoriano: oportunidades de inversión - CorralRosales - Abogados Ecuador

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FECHA: 23-06-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Andrea Moya

MEDIO: LexLatin

Ecuador vive el primer mes de la presidencia de Guillermo Lasso y, tal y como dice nuestra socia especialista en Derecho Tributario, Andrea Moya, para LexLatin, “los ejes de su administración están sentados”. Si se suman los beneficios que se crearon durante los dos últimos gobiernos con las propuestas del nuevo presidente y el retorno al CIADI, el panorama es muy interesante para los inversionistas del exterior.

CorralRosales atraviesa un momento en el que un gran número de empresas del exterior les solicitan asesoramiento en materia de inversiones en Ecuador y en materia de Fusiones y Adquisiciones. Es importante conocer los incentivos a los que se puede acceder si se quiere invertir en Ecuador y los distintos mecanismos para proteger dicha inversión.

Moya señala que “los beneficios tributarios más importantes son la exoneración del impuesto a la renta (25%), que pueden ser de 8 años, e incluso 12 años, dependiendo del lugar de la inversión, y la exoneración del impuesto a la salida de divisas para la importación de materias primas y bienes de capital necesarios para el proyecto”.

Se vuelve imprescindible, también, conocer los alcances de los contratos de inversión que pueden suscribirse con el Estado. Estos instrumentos permiten proteger la inversión, pactar arbitraje y mantener inamovibles los beneficios aplicables, pese a cualquier reforma normativa posterior.

Si se quiere firmar este contrato se debe contar con un requisito primordial: la inversión debe ser al menos de 1 millón de dólares y, de dicho valor, 250.000 dólares deben ejecutarse el primer año.

Sin embargo, concluye Moya, lo primordial para atraer inversiones al Ecuador es realizar una reforma integral a los regímenes tributario y laboral.

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Revista Gestión – Desbarajuste legal

Revista Gestión - Desbarajuste legal - CorralRosales - Abogados Ecuador

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FECHA: 22-06-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

Francisco Rosales

“Una nación no es mejor mientras mayor sea el número de leyes. Al contrario, la proliferación de leyes es síntoma de desorden y subdesarrollo. Buena falta hace una moratoria legislativa para que la Asamblea se dedique a ordenar el marasmo legal, codificando las leyes fundamentales para la convivencia social, entre las cuales, sin duda, están las tributarias”.

Así comienza este artículo para la revista Gestión nuestro socio Francisco Rosales, en el que ofrece su opinión sobre la falta de un marco legal en Ecuador que brinde confianza al inversor. Bajo su punto de vista, “un elemento fundamental para que se desarrolle un país es su marco legal; este debe ser claro, ordenado, estable y coherente. Y, junto con ello, una administración de justifica ilustrada, oportuna, autónoma y confiable”. Y Ecuador no cuenta con ello.

Dentro del marco legal, se vuelven imprescindibles las leyes sobre impuestos. Rosales añade que “en los últimos 14 años, entre 2007 y 2021, se han dictado en Ecuador 28 reformas tributarias en una verdadera catarata de leyes y cambios que han creado un monumental caos, lo que complica la ya grave situación económica que vivimos”.

El Ecuador se encuentra actualmente con la necesidad de un crecimiento económico sostenido de, al menos, un 5% anual durante los próximos 20 años, pero a día de hoy la proyección no parece llevarse a cabo.

El caos legislativo

En palabras de Rosales, la norma que aplica a los dividendos pagados por las sociedades domiciliadas en el país “hay que agregar las del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y los centenares de resoluciones de carácter general que dicta el Servicio de Rentas Internas.

Incumplimiento legislativo

La Asamblea Legislativa del país ha incumplido una de las funciones sustanciales que le corresponde: “Expedir, codificar, reformar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. “A su vez, el Art. 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa desarrolla la obligación de codificar las leyes al disponer que el Pleno de la Asamblea puede solicitar que la Unidad Técnica Legislativa desarrolla la obligación de codificar las leyes al disponer que el Pleno de la Asamblea puede solicitar que la Unidad Técnica Legislativa elabore la codificación de determinadas leyes, la envíe a la respectiva comisión permanente, y que, con su informe, el pleno, en un solo debate, apruebe la codificación y su presidente ordene la publicación en el Registro Oficial”, concluye Rosales.

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Reformas a la normativa de trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos

Reformas a la normativa de trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos - CorralRosales - Abogados en Ecuador
Mediante Resolución ARCSA-DE-010-2021-LDSS de 19 de mayo de 2021 se reformó la Resolución ARCSA-DE-030-2020-MAFG, publicada en el Registro Oficial 338 de 26 de noviembre de 2020, a través de la cual se expidió la “Normativa Técnica Sanitaria Sustitutiva que establece los lineamientos para el Control de la Trazabilidad de Medicamentos, Productos Biológicos y Dispositivos Médicos”. Los principales aspectos de esta reforma, que entró en vigor en la fecha de su suscripción, son los siguientes:

1. Se aclara que la inclusión del código único de trazabilidad en el empaque de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos no requiere una modificación a su registro sanitario, salvo que se deban realizar cambios al empaque para incluir dicho código.

2. Se modifica el plazo máximo para implementar la trazabilidad de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos (en adelante, los “Productos”), según la fase a la que correspondan. La autoridad sanitaria nacional determinará el listado de los Productos para cada fase.

3. Los integrantes del Sistema Nacional de Trazabilidad (en adelante, “SNT”) deben presentar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (en adelante, “ARCSA”) un plan gradual para la implementación de la trazabilidad de sus Productos (en adelante, “Plan Gradual”), conforme el instructivo emitido[1] por ARCSA para el efecto.

4. Hasta que ARCSA cuente con un sistema informático para controlar la trazabilidad de los Productos, los integrantes del SNT deben registrar los movimientos logísticos de sus Productos en el sistema que dispongan para el efecto.

5. El sistema informático de ARCSA contará con una base de datos en donde se almacenarán todos los registros generados por los sistemas de cada integrante del SNT. Las características del sistema de ARCSA se indicarán en el instructivo que dicha autoridad emita para el efecto.

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