Ekos – Protección de Datos Personales: medios legítimos para el tratamiento de los datos

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DETALLES

FECHA: 16-08-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Rafael Serrano
-Michael Wollman

MEDIO: Revista Ekos

La revista Ekos publica en tanto en sus páginas (pag. 60) como en su portal web un artículo de nuestro Asociado Rafael Serrano y el Asistente Michael Wollmann, en el que enumeran los medios legítimos que se deben utilizar para el tratamiento de los datos personales. Esta revisión viene argumentada por la próxima expedición de la Ley de Protección de Datos Personales, que obligará a que las compañías adapten sus procedimientos por los cuales toman los datos de sus consumidores y clientes.

«El proyecto de Ley tiene como principal objetivo regular el ejercicio del derecho de protección de datos personales, la autodeterminación informativa y la circulación de este tipo de datos (Art. 1). El principio de legitimidad (Art. 9 ). establece las condiciones o situaciones en las cuales es legitimo y lícito la recolección y tratamiento de datos personales por parte de las empresas», afirman Serrano y Wollmann.

Según nuestros especialistas, los cinco puntos que establecen cuando es legítimo la recolección de datos son: el consentimiento del titular de los datos personales para su tratamiento con una finalidad específica; la obligación legal para el tratamiento; la relación contractual, los intereses vitales del titular y la orden de una autoridad o resolución de autoridad competente.

«Una empresa puede realizar el tratamiento de datos de un individuo con quien tenga una relación contractual. La limitación a este tratamiento está relacionada a los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y no podrán exceder los límites establecidos en el contrato», explican sobre la relación contractual, mientras que sobre las ordenes judiciales comentan que si «a través de una sentencia o una resolución de la autoridad competente se ordena la entrega o el tratamiento de datos personales, la empresa estará obligada a hacerlo, sin afrontar consecuencias negativas».

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Gestión Digital – ¿A quién afecta realmente la prohibición de la minería en áreas protegidas?

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DETALLES

FECHA: 28-02-18

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Rafael Serrano

Nuestro Asociado Rafael Serrano publica un artículo en la revista Gestión Digital en el que analiza las consecuencias de la a prohibición constitucional de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, aprobada en consulta popular. Según apunta nuestro experto, la minería legal no se verá afectada por esa medida ya que cuenta con unos límites en los que desarrollar proyectos, pero se logrará perseguir la ilegal y de esa manera proteger la naturaleza, el ambiente y las áreas urbanas.

«La preocupación de la sociedad por los efectos negativos que eventualmente podría producir la minería metálica especialmente en áreas protegidas viene de varios años atrás. Así, en 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi dictó el Mandato 6 por el cual se declaró la extinción de las concesiones mineras otorgadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguación y aquellos que afecten nacientes y fuentes de agua», contextualiza Serrano en su texto.

Nuestro Asociado comenta que las posibilidades mineras con las que cuenta Ecuador nunca han sido bien aprovechadas, por lo menos hasta ahora. La legislación sobre este tema ha sido muy cambiante y las condiciones para contratistas eran muy gravosas, por lo que no llegaban interesados en la minería a Ecuador. La situación cambiaría con la Ley de Minería (2009) y la creación del Ministerio de Economía (2015).

«Por lo mismo, lo que deberíamos preguntarnos en realidad es: ¿Qué pasará con la minería ilegal en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Es este tipo de minería la que ocasionó los conflictos socioambientales que generaron impacto en la sociedad y derivaron en la Pregunta 5. No se descarta la existencia de sectores contrarios a la actividad minera, pero corresponde a las autoridades y las compañías contratistas llevar a cabo estrictos controles sobre actividades ilícitas en las áreas descritas en la pregunta 5, para mantener una adecuada protección al ambiente y a los ciudadanos», asegura Serrano.

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