Gestión Digital – Figuras asociativas en la contratación pública ecuatoriana

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DETALLES

FECHA: 2-10-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Ricardo Mancheno

Nuestro Asociado Ricardo Mancheno resume, en un artículo publicado en la revista Gestión Digital, el marco jurídico aplicable a la utilización de la asociación y el consorcio como figuras asociativas para la contratación pública, sin ser apta para este propósito la joint-venture, según la regulación ecuatoriana. Estas figuras, que son la más empleadas a la hora de optar a la contratación, facilita la participación del sector privado en los negocios del Estado. Mancheno explica que la asociación o cuentas en participación están definidas por la Ley de Compañías como «un contrato por el cual un comerciante da a una o más personas participación en los resultados de una o más operaciones o de todo su comercio, a cambio de un determinado aporte o contribución».

Por otra parte, nuestro Asociado explica que en un consorcio o acuerdo consorcial, dos o más personas (naturales o jurídicas) se asocian para optar a un determinado concurso, proyecto o contrato, o a varios a la vez. Eso sí, cada una de las personas no pierde en ningún momento su autonomía. «Los intervinientes en un consorcio responden de manera solidaria por las obligaciones que adquiera el consorcio. En otras legislaciones al consorcio usualmente se le denomina ‘unión temporal'», comenta Mancheno.

Para optar a este tipo de contratación, la asociación o el consorcio deben reunir una serie de características, que nuestro Asociado reúne en el artículo. La primera de ellas habla de la etapa contractual del procedimiento de contratación pública, en la que la ley permite «la presentación de un compromiso de asociación o consorcio, que también debe cumplir requisitos específicos, entre los cuales se destaca la declaración de la obligación de constituir el consorcio previamente a la suscripción del contrato respectivo».

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El contrato de distribución: cuestiones de competencia y su regulación en el nuevo Código de Comercio

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Desde 1997 y hasta la entrada en vigor del Código de Comercio, el pasado 29 de mayo de 2019, el contrato de distribución no contaba con regulación específica. Se regía por las normas generales aplicables a los actos y contratos de comercio y regulaciones sobre competencia.

El 31 de diciembre de 1976, se promulgó la Ley de Protección a los Representantes Agentes o Distribuidores de Empresas Extranjeras (Ley de Distribuidores), que regulaba la relación comercial entre una entidad no domiciliada en Ecuador y una persona -natural o jurídica- designada como representante, agente o distribuidor. En lo principal, esta Ley contemplaba un régimen de protección especial del distribuidor/agente. Así, entre las disposiciones más relevantes, el concedente no estaba autorizado a terminar unilateralmente el contrato, incluso por expiración del plazo establecido en el propio contrato, excepto por causas específicas establecidas en la Ley de Distribuidores, que debían ser calificadas por el juez competente, y establecía un método de cálculo de cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios.

El 5 de julio de 1996 se reformó la Ley de Distribuidores, fundamentalmente limitando el monto de las indemnizaciones, y el 19 de septiembre de 1997 se la derogó, pero se mantuvieron los derechos y obligaciones nacidos mientras estuvo vigente. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, promulgada en octubre de 2011, introdujo conceptos como la exclusividad -de productos, territorios, clientes o tipos de clientes- que a priori parecían reñir con el régimen de libre competencia, lo que exigía una sustentación robusta -desde la técnica económica y de mercado- que legitimara su estipulación.

Desde el 29 de mayo de 2019 el nuevo Código de Comercio (Código) aclaró el panorama, trazando claramente las reglas que rigen al contrato de distribución. Las más destacadas son:

  • El contrato de distribución es la autorización que una parte llamada concedente o principal confiere a otra llamada concesionario o distribuidor, la posibilidad de vender productos, prestar servicios, o una combinación de ambos, en un territorio determinado.
  • En general deja a la voluntad de las partes las condiciones de estos contratos, como: exclusividad de territorio, exclusividad de producto, volúmenes mínimos y periodicidad en las compras, entre otros y establece normas que se aplicarán a falta de estipulación por las partes o que sean contrarias a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
  • Establece la obligación del proveedor de entregar información comercial y técnica necesaria para la mejor distribución de los bienes o servicios objeto del contrato.
  • Permite que el proveedor efectúe ventas directas sin participación del distribuidor, salvo pacto en contrario.
  • Prohíbe al proveedor limitar la posibilidad del distribuidor de efectuar ventas, a través de internet, salvo por motivos de salud pública, seguridad de los consumidores o prohibición legal.
  • Determina que, si no se establece plazo de vigencia, los contratos de distribución se entienden de plazo indefinido y pueden ser terminados por cualquiera de las partes, dando aviso a la otra con 90 días de anticipación. Por su parte, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que la terminación sin causa, no notificada con 30 días de anticipación, podría ser considerada como abuso del poder de mercado en situación de dependencia económica.
  • El incumplimiento grave o reiterado del contrato que no se subsane en el plazo de 15 días contados desde la notificación del incumplimiento, dará lugar a su terminación, y la parte cumplidora tendrá derecho a indemnización de daños y perjuicios.

Ana Samudio
Asociada Senior en CorralRosales
asamudio@corralrosales.com

El Economista – ¿Qué buscan las empresas de sus proveedores de servicios?

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DETALLES

FECHA: 23-09-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Rafael Rosales

MEDIO: El Economista

Nuestro Socio Rafael Rosales publica en el medio especializado español El Economista un detallado artículo en el que analiza las características y las necesidades que tienen las empresas cuando buscan a un proveedor de servicios jurídicos. El desarrollo de herramientas tecnológicas ha propiciado que todo vaya más rápido, y que por lo tanto, la toma de decisiones por parte de los ejecutivos tenga que ser a toda velocidad. Y las asesorías deben proporcionar esa velocidad.

«Lejos está el tiempo en que las respuestas de los despachos a las consultas de sus clientes eran amplias disquisiciones legales. Los ejecutivos no tienen interés en conocer los textos legales y la doctrina respectiva, ni el tiempo para revisar documentos extensos. Por ello, informes y respuestas concisas y fáciles de leer, sin exceso de citas de autores y jurisprudencia, son altamente valoradas», apunta Rosales en su artículo.

Uno de los puntos claves que destaca nuestro Socio es la comunicación entre las dos partes. Las empresas esperan un flujo constante de comunicación con su asesoría legal y además de eso, que tengan proactividad. «Es muy importante participar en el desarrollo de los negocios del cliente e inclusive coadyuvar en su ejecución y generación de nuevos proyectos, en suma, ser parte activa de la empresa» añade.

Rosales también señala a la facturación como uno de los factores a tener en cuenta. La asesoría legal no está exenta de los presupuestos ajustados que manejan las empresas y por ello, han de tener un valor añadido que ofrecer a sus clientes. «Más allá de la alta calidad de la asesoría y el reconocimiento del cliente, recibir una factura inesperada provocará malestar en el asesorado, que inclusive podrá llegar a buscar otras alternativas para ocasiones posteriores», asegura nuestro Socio.

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¿Vuelo demorado o cancelado? Lo que el pasajero no conoce

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Su equipaje fue chequeado, tiene el pase para abordar en mano, atravesó los filtros de seguridad, se encuentra a la espera del llamado para embarcar y, de repente, mira el panel informativo de la sala y encuentra el mensaje que a nadie le gusta recibir: “vuelo demorado o cancelado”.

A pesar de que el pasajero no conozca las causas de demoras y cancelaciones de vuelos y todo se encuentre en aparente normalidad en el aeropuerto, la operación de un vuelo implica la existencia de varios factores que deben estar perfectamente alineados.

A continuación se señalan las causas más comunes de la demora o cancelación de vuelos.

1.- Condiciones climatológicas

Son muy conocidas lluvias y nevadas intensas durante los meses de invierno, lo cual puede retrasar las operaciones en tierra y dificultar las maniobras de aterrizaje o despegue. Llega el soleado verano e inicia la temporada de mayor tránsito de pasajeros, se alistan las vacaciones familiares, encuentros con amigos, disfrutar de días de sol, un clima que parecería afable para volar; sin embargo, esta combinación de elevadas temperaturas y vientos veraniegos sorpresivamente pueden traer como resultado una tormenta imperceptible a nivel de tierra.

Durante los meses de verano, el aire caliente se eleva e interactúa con el aire frío que se encuentra en la atmósfera superior. Esta mezcla hace que el vapor de agua se condense y se formen nubes de tormenta, con relámpagos a grandes alturas, que no se pueden ver desde la superficie.

Por lo general, las aerolíneas coordinan con el Control de Tráfico Aéreo para cambiar las rutas de aproximación o despegue, a fin de que la ruta para estas operaciones evite estas nubes de tormentas eléctricas. Pero, la operación podría seguir representando un riesgo para los trabajadores en tierra que están en plataforma ejecutando actividades previas a la salida o llegada de los vuelos, como por ejemplo, carga de combustible, traslado de equipaje, revisión y limpieza de aeronaves, etc.

Entonces, por cambios meteorológicos se producen demoras o cancelaciones de los itinerarios programados. En estos casos la aerolínea se encuentra exenta de la obligación de compensar a los pasajeros por los perjuicios que podrían haber sufrido conforme se establece en la normativa de “Disposiciones Para Compensación A Usuarios Por Retrasos de Vuelos”, porque los hechos no son imputables a la compañía.

 2.-Modificaciones operacionales

En función de la optimización de operaciones y mayor eficacia en el consumo de combustible, una misma aeronave es programada para volar a varios destinos. En este caso, una demora en otra estación podría ocasionar lo que se denomina “demora por arrastre”; es decir, un problema acaecido en otro aeropuerto podría resultar en un retraso en la operación del vuelo siguiente.

Así mismo, hay condiciones de operación que se deben cumplir para garantizar la seguridad del vuelo como por ejemplo, revisar que la tripulación haya cumplido con el tiempo de descanso obligatorio en las regulaciones técnicas de aviación o asegurar que los miembros responsables de la operación del vuelo se encuentren aptos para embarcar. Es poco común, pero se han dado casos en que surge algún imprevisto de salud en un oficial o sobrecargo, lo cual representa una baja en la tripulación que resulta imposible cubrir de inmediato.

La normativa aeronáutica ecuatoriana regula la operación en casos de adelantos o demoras en la hora de despegue/aterrizaje. La resolución 120/2017 determina la obligación de que la aerolínea notifique, con la debida justificación, cualquier cambio en la hora de salida y llegada, aplicando procesos y estándares internacionales.

Mantenimiento no programado:

Las aerolíneas cumplen con un cronograma de mantenimiento de las aeronaves, previamente aprobado por la Autoridad Aeronáutica, quién, como órgano controlador, verificará su cumplimiento. Estos se denominan mantenimientos programados. Pero las aeronaves son máquinas y por tanto susceptibles de presentar daños imprevistos, que pueden ocasionar demoras inevitables de la operación de un vuelo. Cada problema técnico debe documentarse y registrarse de acuerdo con el protocolo establecido en los manuales de cada compañía, precisamente para velar por la seguridad de los pasajeros, de la tripulación y del personal de tierra.

Las aerolíneas que operan en el Ecuador cuentan con programas, políticas y manuales que rigen cada proceso operativo de sus vuelos. En el caso de aerolíneas internacionales estos procedimientos se someten a un proceso de certificación que lo lleva a cabo la Dirección General de Aviación Civil en base a las Regulaciones Técnicas de Aviación, conocidas como RDAC. Para los operadores internacionales es la RDCAC 129 y para las aerolíneas domésticas la RDAC 121.

Las aerolíneas, en sus redes sociales, publican información constante y de primera mano cuando suceden eventos como estos, y buscan ofrecer al pasajero soluciones inmediatas, en la medida de lo posible, para que lleguen de forma segura a su destino.

 Finalmente, para las aerolíneas la seguridad de sus operaciones siempre será lo primero. Por lo tanto, cuando las condiciones no son seguras para un vuelo, los retrasos y cancelaciones, aunque resulten molestos para los usuarios, son inevitables para beneficio de los propios pasajeros, tripulación, así como de los trabajadores en tierra.

Verónica Olivo
Asociada en CorralRosales
volivo@corralrosales.com

El SENADI ratificó en Ecuador la distintividad del diseño tridimensional registrado por Crocs, INC

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El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador (SENADI), mediante Resolución Nro. OCDI-2019-0618[1], ratificó que el diseño del calzado CROCS tiene la capacidad de ser reconocido por los consumidores y además le permite a su titular diferenciarlo de los productos de los competidores, ya que cuenta con elementos propios y especiales que hacen del producto una forma diferente, no común ni ordinaria.

Con esta decisión, se reitera la distintividad del diseño tridimensional del calzado CROCS en Ecuador y se ratifica que CROCS, INC. es la única que puede comercializarlos, teniendo el derecho exclusivo de impedir a terceros el uso y comercialización de productos iguales o similares.

CROCS, INC. obtuvo en el año 2015 el registro de su marca DISEÑO TRIDIMENSIONAL (3D BAYA SHOE DESIGN) para proteger “calzado”.

La marca tridimensional tiene características propias, que la diferencian de las tradicionales marcas denominativas, figurativas y mixtas, ya que con este tipo específico de marcas se protege un objeto que ocupa un volumen en el espacio; es decir, es la forma de un producto o su envase. Por ello, la distintividad de este tipo de marcas recae sobre el conjunto de formas, relieves, entre otros elementos propios que se añaden en su conformación.

En el año 2017, JHON ALBERTO FIGUEROA VIVANCO solicitó ante el SENADI la nulidad del mencionado registro, alegando que se trataba de un diseño genérico para calzado y por tanto no susceptible de apropiación exclusiva. Adicionalmente señaló que el diseño otorgaba una ventaja funcional o técnica al producto, por lo que esta figura no era protegible como marca, según la Ley.

Sobre este concepto , el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece  que no podrán registrarse como marca los signos que:

“(…)

  1. carezcan de distintividad;
  2. consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
  3. consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (…)”

Durante el procedimiento, CROCS, INC. probó que el registro impugnado sí cumplía con los requisitos para ser considerado un diseño tridimensional, presentando incluso los registros obtenidos sobre el mismo diseño en varios países, en los cuales, al igual que en Ecuador, se había reconocido la distintividad de sus diseños particulares.

En cuanto a la ventaja funcional alegada por el demandante, el SENADI determinó que los elementos arbitrarios del diseño no están dados por un criterio funcional, puesto que la exclusión de tales formas, relieves, hendiduras y agujeros no impiden el uso natural del producto.

 

Katherine González H.
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com


[1] Trámite 17-1679-RV-2S resuelto por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI en fecha 18 de julio de 2019.

WTR – La Oficina Ecuatoriana SENADI da un fuerte golpe a las solicitudes de marcas parasitarias

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DETALLES

FECHA: 30-08-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Ian Wall

MEDIO: WTR Dialy

Nuestro Asociado Ian Wall publicó en WTR Dialy un artículo en donde explica y reflexiona sobre la resolución de la oficina de Propiedad Intelectual ecuatoriana en la que rechazó la oposición presentada por la marca de cosméticos Huda Beauty contra la solicitud de una marca idéntica. Según afirma nuestro experto, además del rechazo, la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador se encargó de revisar la base de datos de marcas en línea de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente, y de aceptar los mencionados resultados en línea como evidencia del derecho.

«El sistema de marcas de Ecuador es lo que se conoce como primero en registrar. Esto significa que simplemente usar una marca en Ecuador confiere poco o ningún derecho. Además, los problemas a los que se enfrentan los propietarios de marcas en Ecuador que no han logrado garantizar el registro de su marca se agravan por el hecho de que las autoridades han tardado en reconocer incluso las marcas famosas que aún no se utilizan en Ecuador», encabeza el artículo Wall.

Esta decisión representa una relajación de los requisitos probatorios y demuestra una proactividad rara vez vista en la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador. Esto sugiere la voluntad de las autoridades para proteger a las grandes marcas contra las solicitudes de marcas parasitarias.

«A pesar de no reconocer correctamente la reivindicación de prioridad, la oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador procedió a rechazar la solicitud oportunista sobre la base del artículo 6 quinquies del Convenio de París. Lo que es más importante, esta oficina de oficio se encargó de revisar la base de datos en línea de marcas registradas de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente y aceptó estos resultados en línea como evidencia del mencionado derecho», afirma nuestro experto.

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Reconocimientos: Chambers and Partners & LACCA

CorralRosales ha sido nuevamente reconocida como firma líder en el Ecuador de acuerdo al prestigioso directorio internacional Chambers and Partners y a la Latin American Corporate Counsel Association (LACCA).

Por su parte, el directorio inglés Chambers and Partners reconoce a Corral Rosales en las siguientes áreas de práctica:

  • Propiedad Intelectual (Banda 1)
  • Derecho Corporativo/Comercial (Banda 2)
  • Derecho de la Competencia (Banda 2)
  • Derecho Laboral (Banda 2)
  • Resolución de Disputas (Banda 3)

Esta última edición de Chambers and Partners también reconoció a varios abogados de nuestra firma. Entre ellos, nuestra Socia, María Cecilia Romoleroux quien renueva su liderazgo nacional como abogada experta en la práctica de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, nuestro Socio Xavier Rosales, por segundo año consecutivo se posiciona como el único abogado ecuatoriano en obtener Banda 1 para la práctica corporativa y como uno de los mejores abogados en derecho de la competencia al obtener la banda 2 en esta área.

Por su parte, nuestro Socio del área laboral, Edmundo Ramos, sigue posicionándose como líder de referencia, al igual que nuestro Socio del área de resolución de disputas, Santiago Palacios. Mientras que nuestra Socia, Andrea Moya, líder del área tributaria y aduanera de la firma, destaca en el directorio a menos de un año de su nombramiento como socia de la firma.

Finalmente, nuestra Asociada Senior, Martha Villagomez resalta como una de las mejores abogadas senior en la práctica laboral del Ecuador.

De igual manera, nuestros Socios, Xavier Rosales y Maria Cecilia Romoleroux han sido nuevamente destacados como abogados de referencia en Ecuador, según la última edición de la prestigiosa Latin American Corporate Counsel Association (LACCA). Una vez al año, los miembros de esta Asociación (que agrupa a top general counsels de la región) nominan a quienes consideran los mejores abogados en sus respectivas especialidades. De nuestra firma, los abogados de empresa miembros de la LACCA han destacado a:

 

 

Idealex – Evolución del sector legal en Ecuador 2008-2018

DETALLES

FECHA: 10-08-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Francisco Rosales

MEDIO: Idealex

El medio especializado Idealex publica en sus páginas un interesante artículo elaborado por nuestro Socio y Presidente de la firma, Francisco Rosales, en el que analiza de manera detallada la evolución del sector legal ecuatoriano durante el periodo 2008-2018.

En el artículo, Francisco trata puntos de especial interés como la nueva Constitución vigente desde el año 2008, la misma que reemplazó a la de 1998. En palabras de Francisco Rosales, la Constitución de 2008 ha sido construida a la medida del proyecto político de Rafael Correa en base al llamado socialismo del siglo XXI.

Asimismo, detalla cuáles han sido las principales normas dictas durante este periodo de tiempo.

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Actualización de regímenes aduaneros en la Comunidad Andina

La Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión 848, a través de la cual se actualiza la armonización de Regímenes Aduaneros para facilitar las operaciones de comercio exterior en la región.

Con el propósito de simplificar las operaciones que se realizan en las aduanas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la Comunidad Andina, se actualizó la armonización normativa en los siguientes temas:

  • Forma y plazos de presentación, transmisión, corrección y modificación del manifiesto de carga.
  • Autorización para la creación de depósitos temporales y plazo de permanencia de mercancías.
  • Oportunidad y plazos de presentación, corrección y documentos que acompañan a la declaración aduanera de mercancías.
  • Presencia del declarante en el reconocimiento físico.
  • Plazos para:
    • Reimportación en el mismo Estado;
    • Admisión temporal para reexportación en el mismo Estado;
    • Admisión temporal para perfeccionamiento activo; y,
    • Exportación definitiva.
  • Incorporación del concepto de Zona Especial de Desarrollo Económico: Una parte del territorio nacional de cada País Miembro de la Comunidad Andina, debidamente delimitada, en el que las mercancías allí ingresadas se consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero comunitario, en lo que respecta a los derechos e impuestos a la importación y recargos a que hubiere lugar.

La Decisión 848 deroga las Decisiones 671 y 716, y entró en vigencia el viernes 26 de julio de 2019, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3699. No obstante, de acuerdo con la Disposición Final Quinta, dicha norma entrará en vigencia en la República de Colombia a partir de los cuarenta y ocho (48) meses siguientes a la mencionada fecha de publicación.

Por otra parte, mediante la Decisión 846 de 26 de julio de 2019, la Comisión de la Comunidad Andina dispuso que los productos o mercancías de zonas francas de los países miembros disfrutarán de la desgravación prevista en el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, siempre que cumplan con las normas de origen de la Comunidad Andina.

 

Gustavo García
Abogado of Counsel en CorralRosales
ggarcia@corralrosales.com

El ámbito de protección de una marca frente a la discrecionalidad de la Autoridad de Propiedad Intelectual. Caso PROZOL vs PREZOIL.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- del Ecuador rechazó una oposición presentada por el titular de la marca PROZOL y permitió el registro de la marca PREZOIL, al considerar que los productos protegidos no eran los mismos.

Para llegar a esta conclusión, se tomó como referencia la información contenida en una página web y no la que constaba en el propio certificado de registro emitido por el SENADI.

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado puede ser registrado como marca. La protección que confiere el registro está directamente relacionada con los productos o servicios que esta distingue.

Ecuador aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas —Clasificación de Niza—, la cual permite diferenciar y delimitar la protección de una marca, de acuerdo con la clase en la que se encuentren comprendidos los productos o servicios específicos que se pretenden proteger y para los cuales será efectivamente utilizada.

El ámbito de protección de una marca está directamente relacionado con los productos o servicios que distingue. Es tan relevante dicha relación que un requisito indispensable que debe cumplir la solicitud de registro, de acuerdo con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], es identificar los productos o servicios específicos que estarán bajo su protección y la clase internacional a la que corresponden.

 

Oposición presentada por el titular de la marca PROZOL:

La empresa IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. LTDA solicitó ante el SENADI el registro de la marca PREZOIL. Frente a dicha solicitud, PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. formuló oposición alegando que la similitud con su marca PROZOL[2], generaría confusión en los consumidores y ocasionaría un riesgo de asociación.

En este caso, el SENADI reconoció expresamente que los signos son similares; sin embargo, decidió rechazar la oposición, ya que en su criterio no existía relación entre los productos protegidos por los signos en conflicto[3], a pesar de encontrarse comprendidos en la misma clase internacional y que el ámbito de protección de la marca PROZOL incluye a los productos específicos protegidos por el signo PREZOIL, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Marca Clase internacional Productos protegidos
PROZOL (registrada) 01 Productos: Productos químicos destinados a la industria.
PREZOIL (solicitada) 01 Productos: Productos químicos destinados a la industria:

–          Líquidos de frenos

–          Líquidos para circuitos hidráulicos

Refrigerantes.

En su análisis, la Autoridad no tomó en cuenta la información que consta en el certificado de registro de la marca PROZOL, en la que claramente se identifican los productos para los cuales se solicitó y obtuvo el registro. El SENADI, de manera sorpresiva y en franca vulneración de la normativa y la jurisprudencia andina, decidió que los derechos sobre la marca PROZOL solo eran aplicables a un tipo de producto: “agentes emulsificantes para pastelería.”

Para llegar a esa conclusión, la Autoridad de Propiedad Intelectual habría revisado de oficio una supuesta página web perteneciente a PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. y consideró que la información obtenida en esa fuente era suficiente para determinar que el producto mencionado (agentes emulsificantes para pastelería) era el único protegido por la marca PROZOL, omitiendo por completo las consideraciones antes mencionadas sobre el alcance de protección de una marca.

En el caso expuesto no existe un análisis que justifique cuál fue el criterio jurídico utilizado para considerar que el ámbito de protección de una marca recae únicamente sobre un producto mencionado en una página web; y, tampoco se explica por qué no se tomaron en cuenta los productos protegidos por la marca PROZOL, de acuerdo con el registro otorgado por la propia Autoridad.

Esta actuación podría ocasionar una serie de efectos negativos y generar incertidumbre jurídica para los titulares de marcas, ya que, de mantenerse la posición expuesta en el caso examinado, no será posible tener certeza sobre el ámbito de protección de una marca. En un escenario aún más delicado, implicaría que el SENADI podría considerar que algunos productos quedan fuera de la protección de una marca, sin mayor sustento que la información que eventualmente aparezca en internet o en cualquier otra fuente ajena al procedimiento.

Katherine González
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com

 


[1] Artículo 139, literales f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
[2] Solicitud Nro. 2012-32781.
[3] Resolución OCDI-2019-524 de fecha 10 de junio de 2019. Expediente: 15-5435-RA-1S-RR-2017.